Prodi se enfrenta a Aznar al proponer que el reparto de fondos de la UE se haga sin veto
Afirma que la Comisión y 16 países quieren cambios en el proyecto de Constitución
El documento presentado ayer por la Comisión Europea con sus propuestas para modificar el proyecto de Constitución para la UE incluye una que choca frontalmente con otro de los logros alcanzados por José María Aznar en la cumbre de Niza en 2000 y que quedó reflejado en ese proyecto. En ambos casos, España impuso que las próximas perspectivas financieras de la UE (2007-2013), en las que se pacta el reparto de los fondos europeos, se aprobaran por unanimidad y, por tanto, con derecho a veto. En ese terreno, dice el documento de Bruselas, "la Comisión estima que el derecho a veto deberá ser supri...
El documento presentado ayer por la Comisión Europea con sus propuestas para modificar el proyecto de Constitución para la UE incluye una que choca frontalmente con otro de los logros alcanzados por José María Aznar en la cumbre de Niza en 2000 y que quedó reflejado en ese proyecto. En ambos casos, España impuso que las próximas perspectivas financieras de la UE (2007-2013), en las que se pacta el reparto de los fondos europeos, se aprobaran por unanimidad y, por tanto, con derecho a veto. En ese terreno, dice el documento de Bruselas, "la Comisión estima que el derecho a veto deberá ser suprimido".
Esa cuestión constituyó en Niza una batalla del Gobierno español, hondamente preocupado porque, tras la entrada en la UE de diez nuevos países más pobres el año que viene, están en peligro los 8.000 millones anuales de euros que hoy recibe Madrid de fondos regionales y del Fondo de Cohesión dentro de las actuales perspectivas financieras (2000-2006). Frente a las tesis contrarias de Alemania y otros, Aznar impuso entonces que las siguientes perspectivas hoy en negociación se aprueben por unanimidad, con derecho a veto. Sólo admitió que sean pactadas por mayoría las del periodo posterior (a partir de 2013).
La preocupación española quedó patente de nuevo cuando, en el último tramo de la Convención que elaboró el proyecto de Constitución, la ministra de Exteriores, Ana Palacio, exigió y logró la inclusión de un apartado en el artículo 54 del texto que dice: "El Consejo decidirá por unanimidad cuando adopte el primer marco financiero plurianual tras la entrada en vigor de la Constitución". Así, Palacio consiguió trasladar a la Constitución el compromiso logrado por Aznar en Niza.
Ahora, en cambio, la Comisión dice lo contrario y, en referencia a España, incluye en su documento el siguiente razonamiento: "La Comisión toma nota de la fuerte oposición de representantes de algunos Gobiernos en la Convención al abandono de la unanimidad para fijar el primer marco financiero tras la entrada en vigor de la Constitución. Pero está claro que el mantenimiento de la unanimidad, incluso aunque sea provisional, amenaza con originar en breve una negociación extremadamente difícil, mientras que se podría alcanzar un resultado más equitativo para todos mediante decisiones adoptadas por mayoría cualificada. La Comisión, por tanto, estima que el derecho al veto deberá ser suprimido".
El documento de la Comisión, según su presidente, Romano Prodi, ha sido aprobado "por unanimidad" de todos los comisarios, incluidos los españoles Loyola de Palacio y Pedro Solbes. Fuentes próximas a ambos señalaron que ese punto conflictivo encaja en la filosofía general de la Comisión a favor de eliminar el derecho al veto en la casi totalidad de las materias. En efecto, es una de las reclamaciones del Ejecutivo comunitario que ayer repitió Prodi. "La regla de la unanimidad nos ata de pies y manos". "Serán los contribuyentes y las empresas los que paguen las consecuencias", comentó al referirse a que países como Reino Unido exigen que se mantenga el derecho al veto al legislar incluso sobre la lucha contra el fraude o la evasión fiscal. A Prodi también le parece "absurdo" que se exija la unanimidad para modificar en el futuro la Constitución.
Pero el principal cambio al proyecto constitucional que exige la Comisión consiste en que cada país tenga un comisario en el Ejecutivo, cuando el texto propone 15 comisarios con cartera y derecho a voto y el resto sin cartera ni voto. "El comisario es el vínculo, la imagen, de un país con la Comisión; es importante que no haya países de primera y segunda categoría", declaró Prodi. Bruselas propone que los comisarios se agrupen por áreas. Cada grupo, con presidente propio, podría adoptar decisiones.
Importantes cambios
La Eurocámara ha acusado a Prodi de abrir la caja de Pandora al exigir importantes cambios, pero él se defendió diciendo que ha comprobado que al menos 16 países de los 25 que la UE tendrá en 2004 quieren "modificaciones sustanciales". "Nos apoya un significativo grupo de países", concluyó, en alusión a los Estados pequeños, que exigen tener su propio comisario.
Prodi también calificó de "gran derrota" el no en el referéndum sueco sobre el euro y asumió una Europa futura a varias velocidades. Se refirió al caso Eurostat, la oficina estadística de la UE en la que se han descubierto cuentas ocultas y una doble contabilidad. Informará del caso la semana próxima a la Eurocámara, pero, según fuentes de la Comisión, los informes internos que se están haciendo exculpan a los actuales comisarios, incluido Pedro Solbes, de quien jerárquicamente depende Eurostat.