Impuesto de sucesiones: reforma o muerte
LOS PAÍSES OCCIDENTALES viven una competencia fiscal a la baja. Los políticos han llegado a la conclusión de que bajar impuestos ayuda a ganar elecciones, sin tener tan en cuenta la segunda parte de la ecuación: la financiación del gasto público. Buena parte de los problemas que ahora existen con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento tienen que ver con esta carrera cuesta abajo. La rebaja de impuestos supone la reducción de algunos y la desaparición de otros. Entre los segundos, figuran con todas las papeletas el impuesto de sucesiones y -cuando se acabe con éste- el del patrimonio.
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LOS PAÍSES OCCIDENTALES viven una competencia fiscal a la baja. Los políticos han llegado a la conclusión de que bajar impuestos ayuda a ganar elecciones, sin tener tan en cuenta la segunda parte de la ecuación: la financiación del gasto público. Buena parte de los problemas que ahora existen con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento tienen que ver con esta carrera cuesta abajo. La rebaja de impuestos supone la reducción de algunos y la desaparición de otros. Entre los segundos, figuran con todas las papeletas el impuesto de sucesiones y -cuando se acabe con éste- el del patrimonio.
La campaña para eliminar el impuesto de la muerte está en marcha desde hace mucho. Berlusconi ya lo hizo, Bush ha prometido terminar con él antes de que acabe el actual mandato (¿lo podrá hacer en esta coyuntura bélica?), y las comunidades autónomas en las que gobierna el PP (en España es un gravamen transferido) ya lo han anunciado (lo hizo, por ejemplo, Esperanza Aguirre, candidata a la Comunidad de Madrid, ejerciendo de portavoz de sus compañeros de partido). He tomado algunos titulares, reiterativos, de la prensa económica y general de este último verano, cuyos protagonistas son, en general, políticos (no sólo del PP; también de Convergencia) y dirigentes de organizaciones empresariales: "Llega la hora de acabar con el impuesto de sucesiones", "La tendencia es ir hacia la supresión de sucesiones", etcétera.
Este impuesto nació para garantizar una cierta igualdad de oportunidades. La reforma que propone Andalucía sirve para debatir su solvencia y no para eliminarlo por principio, como quiere el PP (y Bush y Berlusconi)
En términos teóricos es difícil entender (excepto entre quienes representan los intereses de los ciudadanos más afortunados) cómo retirar un impuesto que tendría que recaer en pocas personas y que puede producir importantes ingresos a las comunidades autónomas es políticamente popular. Misterios de la propaganda... y de su aplicación práctica. El impuesto de sucesiones nació como una conquista que promueve valores democráticos como la igualdad de oportunidades, y que limita la capacidad de los poderosos para formar dinastías de ricos que se perpetúan sin limitaciones y con menos esfuerzo que los demás ciudadanos.
El problema es su aplicación práctica. Los partidarios de su desaparición arguyen algunos argumentos que son verdad: grava doblemente bienes que ya fueron objeto de tributación; no afecta a todos los ciudadanos españoles, pues los navarros y los vascos ya están exentos y hay otras comunidades que lo han retirado o lo van a retirar (por ejemplo, Cantabria, La Rioja), y, sobre todo, no lo pagan las grandes fortunas, recayendo sobre las clases bajas y medias, como efecto de la ingeniería fiscal y contable.
Pero éstos son argumentos instrumentales, que no anulan los fines para los que el impuesto de sucesiones fue instituido. Lo que la lógica indica es que debería ser reformado para devolverle sus razones. No eliminarlo. La Junta de Andalucía acaba de anunciar el otro camino, el de la reforma. Según los términos conocidos hasta ahora, no pagarán el impuesto de sociedades en esa comunidad quienes cumplan las siguientes condiciones: el patrimonio total de la herencia debe ser inferior a 500.000 euros; el heredero ha de ser pariente directo (cónyuge, hijos, adoptados y ascendientes); el beneficiario tiene que residir en Andalucía; el valor de lo heredado por persona ha de ser igual o inferior a 125.000 euros, y el patrimonio preexistente del heredero no debe superar un valor algo superior a los 400.000 euros. La consejera andaluza de Economía, Magdalena Álvarez, ha subrayado que esta iniciativa persigue favorecer las rentas medias: "Es una medida progresista que apoya el ahorro y la inversión de la clase media y mantiene la tributación de los que tienen patrimonios más altos".
El debate entre especialistas, a partir de ahora, debería situarse en la solvencia técnica de la reforma andaluza, no en si este impuesto ha de desaparecer por principio. Porque los argumentos de los que defienden esto último tienen más que ver con la regresividad impositiva que con los problemas reales sobre su aplicación. Después irán a por el del patrimonio.