Tiempos
El futuro de los trabajadores está cada vez más crudo. Al incremento de la siniestralidad, como se ve a diario tanto en el Estado como en esta comunidad, se le suma ahora el mobbing, el acoso laboral dicho en castellano. Así se dice en el informe que, ante el Parlamento andaluz, ha presentado el Defensor del Pueblo. Y lo que es peor es que el informe destaca que este sicoterror laboral ha llegado a la Administración pública. También que va en aumento cada año.
Es normal, pues, que con estos datos el Defensor exija una regulación específica que corrija esta nueva forma de d...
El futuro de los trabajadores está cada vez más crudo. Al incremento de la siniestralidad, como se ve a diario tanto en el Estado como en esta comunidad, se le suma ahora el mobbing, el acoso laboral dicho en castellano. Así se dice en el informe que, ante el Parlamento andaluz, ha presentado el Defensor del Pueblo. Y lo que es peor es que el informe destaca que este sicoterror laboral ha llegado a la Administración pública. También que va en aumento cada año.
Es normal, pues, que con estos datos el Defensor exija una regulación específica que corrija esta nueva forma de delincuencia laboral. Una exigencia a la que nunca han sido insensibles ni el grupo socialista ni Izquierda Unida, como se vio en el Congreso de los Diputados a comienzos del pasado año, cuando ambos grupos solicitaron una regulación penal y laboral concreta. Petición que fue rechazada por el PP que, en esas fechas, posiblemente estaba mirando a Ponferrada y a su alcalde, que dimitió después de una condena por actuaciones como las que denuncia el Defensor del Pueblo.
Claro que no es tiempo para mirar al pasado cuando el futuro más cercano nos anuncia la proximidad de las elecciones autonómicas. Un tiempo que podía permitir que los partidos que concurran a las elecciones muestren su sensibilidad frente a estos delincuentes laborales que trabajan en la Administración pública. Por ello no estaría mal, tal como ha pedido el Defensor del Pueblo, que se apruebe una legislación específica que regule las consecuencias laborales para las personas de la Administración y empresas en las que participe que practiquen estas agresiones. Así, las condenas que puedan alcanzarles no quedarían en aguas de borrajas. Sus efectos, sus consecuencias, dependerían de lo previsto en la nueva ley y del hecho mismo de la condena. No de la fuerza que ostente en su partido, ni de la dimisión voluntaria del condenado.
Es posible, pues, que los programas electorales estén deseosos de recoger este tipo de compromisos. Hay que conocer hasta qué punto los grupos políticos quieren obligarse con los ciudadanos ante estos comportamientos que exigen, cada vez con más fuerza, que se les ponga coto sin vacilaciones. Sin duda empieza a ser el tiempo en el que vamos a saber dónde está cada uno.