Los rectorados desconocen el plan del Consell de crear un banco de historiales académicos

Las universidades públicas valencianas desconocen el plan del Consell por el que pretende crear "una base de datos con el historial académico de todos los estudiantes de la Comunidad Valenciana". El Proyecto Alumnos, que impulsa la Secretaría Autonómica de Telecomunicaciones, pretende centralizar en "un banco de datos el historial académico tanto de alumnos como de profesores", custodiado hasta ahora por cada universidad, y "archivar datos como las notas, actividades o deportes realizados por el estudiante", con el objetivo de disponer de una "asesoría permanente para detectar carencias...

Las universidades públicas valencianas desconocen el plan del Consell por el que pretende crear "una base de datos con el historial académico de todos los estudiantes de la Comunidad Valenciana". El Proyecto Alumnos, que impulsa la Secretaría Autonómica de Telecomunicaciones, pretende centralizar en "un banco de datos el historial académico tanto de alumnos como de profesores", custodiado hasta ahora por cada universidad, y "archivar datos como las notas, actividades o deportes realizados por el estudiante", con el objetivo de disponer de una "asesoría permanente para detectar carencias o planificar la formación". En caso de consumarse, los rectorados pedirán garantías a la Agencia Nacional de Protección de Datos.

Cualquier ciudadano que haya pasado por una universidad valenciana o haya tenido una relación, por circunstancial que ésta sea, quedará literalmente fichado por la Administración valenciana. Ésto es al menos lo que se desprende de las generalidades del proyecto difundido el jueves pasado por la Dirección General de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, que dirige Blanca Martínez de Vallejo, que se desarrollará dentro del 2º Plan de Modernización. La Generalitat considera que "este soporte técnico" permitirá reunir en un banco el "historial" completo de un sistema universitario con 130.000 alumnos, actividades complementarias como cursos o deportes, con el objetivo de "otpimizar y completar los recursos existentes para distribuir la información multidireccionalmente a menor coste" y "aprovechar cualquier iniciativa en materia de enseñanza" gracias a "la posibilidad de disponer de una asesoría permanente".

Fuentes jurídicas y académcas coinciden en que las universidades no han recibido aún ninguna información al respecto. "Ni he visto, ni conozco ningún proyecto concreto al respecto", puntualizaron dos responsables de los servicios jurídicos de dos de los cinco rectorados del sistema público universitario. No obstante, un experto en Derecho Constitucional coincide en señalar que tradicionalmente "los curriculos de los profesores son los más archivados, dada su condición de funcionarios o trabajadores de la Administración". Sin embargo consideran a priori que "el archivo del historial y los datos de los alumnos es algo muy delicado".

De hecho, subrayan que la Agencia Nacional de Protección de Datos -que es la responsable de velar por el buen uso de todos los archivos, incluidos los registros universitarios- hace especial hincapié en la obligatoriedad de cada institución de salvaguardar los datos y en la firmeza de las sanciones, en caso contrario". Todo dependerá del uso que se pretenda hacer de los datos. "No es lo mismo", ironiza un vicerrector, "que te saltes un semáforo en rojo y te pille la Guardia Civil, que que alguien filtre un expediente académico, como ya nos ha ocurrido en algún proceso judicial, cosa que ya es difícil porque por ley cada archivo y cada consulta están firmados por el funcionario correspondiente y controlados al milímetro".

Ésta es una de las "prioridades" del nuevo responsable de la Agencia, Piñar Macías, -sostiene una fuente- que además asegura que el nuevo director es "un reconocido catedrático de Derecho Administrativo, que ha ejercido durante muchos años como profesor de prestigio en varias universidades españolas, y está muy interesado en limpiar la agencia y que ésta funcione a la perfección".

Polémica en Educación

La intención del Consell de sustraer de las universidades la gestión de "unos archivos que están perfectamente registrados y custodiados por la Agencia Nacional de Protección de Datos" -subrayan los juristas- deberá tomarse con cautela en vista de las polémicas suscitadas en septiembre de 2000 cuando la Consejería de Educación, Cultura y Deporte se vio obligada a hacer públicos al menos, un total de 50 ficheros -a requerimiento expreso de la Ley estatal aprobada en 1999- en los que se contenían los datos y "fichas" del personal funcionario. En ese proceso se puso de manifiesto la existencia de ficheros con los "datos personales" de todo aquel ciudadano, entidad, empresa, profesional, becario, premiado, estudiante o familia que haya tenido relación con la dependencia.

Con todo los ficheros más sorprendentes fueron los relativos a asociaciones de madres y padres de alumnos, que recurrieron por la vía judicial la existencia de un "fichero GRAPA.MDB" concreto relativo a sus actividades, pese a que por ley están obligadas a estar en el Registro de Asociaciones de Presidencia, como entidades desvinculadas de la Administración que son. En otro, denominado "GESCEN" donde se registraban los datos de "la gestión de centros docentes" con un campo de acción que incluía "los datos de circunstancias sociales y familiares", además de otro con el registro de "los cursos de formación y programas de valenciano realizados".