La Comunidad prepara la declaración de impacto ambiental de unas instalaciones inauguradas en 1993

El complejo agropecuario de Colmenar Viejo, conocido popularmente como el platillo volante por su forma, se inauguró en 1993. Diez años después estas instalaciones continúan sin una declaración de impacto ambiental.

El pasado 22 de agosto apareció publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCAM) la resolución por la que se somete a información pública el estudio de impacto ambiental del proyecto de "legalización de construcciones en el complejo agropecuario de Colmenar Viejo", que finalmente dará paso a la declaración tras el periodo de alegaciones.
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El complejo agropecuario de Colmenar Viejo, conocido popularmente como el platillo volante por su forma, se inauguró en 1993. Diez años después estas instalaciones continúan sin una declaración de impacto ambiental.

El pasado 22 de agosto apareció publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCAM) la resolución por la que se somete a información pública el estudio de impacto ambiental del proyecto de "legalización de construcciones en el complejo agropecuario de Colmenar Viejo", que finalmente dará paso a la declaración tras el periodo de alegaciones.

Por qué se levantó esta construcción, cuyo propietario es la Comunidad de Madrid, sin la preceptiva declaración de impacto ambiental es una incógnita que no aciertan a responder ni el consejero en funciones de Economía e Innovación Tecnológica, Luis Blázquez, ni el alcalde del municipio, José María de Federico, ya que en aquella época en ambas instituciones el Gobierno era socialista. "A los que hay ahora no se les puede echar la culpa", matiza el regidor de Colmenar Viejo.

En el complejo agropecuario, situado en el kilómetro 2,500 de la carretera de Guadalix y con una superficie de más de veinte hectáreas, se encuentra el Laboratorio Regional Agrario, una nave de testaje de piensos, el Centro de Reproducción y Selección Animal (Censyra) y un recinto ferial en el que se organizan muestras de ganado, de industria y hasta concursos de perros.

Precisamente, el uso que se da a ese recinto ferial es el que ha llevado a la Consejería de Economía a promover el estudio de impacto ambiental, a través de su Instituto Tecnológico de Desarrollo Agrario. "A partir de 1999 nos empezaron a pedir terceros las instalaciones

[en referencia a algunas organizaciones y empresas] para hacer ferias, y pensamos que entonces era necesario que todo estuviese en orden", explica Blázquez.

El consejero sostiene que no habrá ningún problema para que la declaración de impacto ambiental considere viables las instalaciones. Por el momento, el estudio redactado en septiembre de 2001 considera que "la ejecución de este proyecto es, desde el punto de vista ambiental, recomendable".