Seguridad y ciudadanía
Consideran precisa los autores una reflexión integral sobre el concepto de seguridad en una sociedad democrática.
La seguridad ha sido desde los orígenes una de las responsabilidades típicas del poder político y ha estado en el corazón de la moderna estatalidad. Precisamente la idea de ciudadanía en su formulación más primitiva y pesimista, siguiendo a Hobbes en su Leviatán, plantea que el fundamento primordial del Estado no es otro que superar la radical situación de guerra de todos contra todos que es la condición natural del ser humano. Es posteriormente, a partir de la crisis del absolutismo, cuando la libertad se presenta como el verdadero fin del Estado (Spinoza) o como un deber de garantía q...
La seguridad ha sido desde los orígenes una de las responsabilidades típicas del poder político y ha estado en el corazón de la moderna estatalidad. Precisamente la idea de ciudadanía en su formulación más primitiva y pesimista, siguiendo a Hobbes en su Leviatán, plantea que el fundamento primordial del Estado no es otro que superar la radical situación de guerra de todos contra todos que es la condición natural del ser humano. Es posteriormente, a partir de la crisis del absolutismo, cuando la libertad se presenta como el verdadero fin del Estado (Spinoza) o como un deber de garantía que al mismo corresponde (Rousseau, Kant).
Spinoza asocia la seguridad a un proyecto político, a una esperanza, cuando sintetiza la idea de la libertad como verdadero fin del Estado, en la medida de que su fin último no es dominar a los hombres por el miedo, sino, por el contrario, librarlos a todos del miedo para que vivan en cuanto sea posible con seguridad.
Seguridad y libertad son hoy pues contenidos constitutivos de la idea de ciudadanía en nuestra tradición política, contenidos esenciales que, por otra parte, se relacionan de manera problemática y que han evolucionado al ritmo de las complejidades de nuestro mundo.
La aparición del megaterrorismo, a partir de los sucesos del 11 de septiembre de 2001, ha supuesto una repentina y general puesta en valor del concepto "macro", de seguridad, en un sentido global, militar y policial que ha alterado el orden internacional y puede modificar los equilibrios institucionales y sociales de nuestras sociedades desarrolladas, y ha puesto en evidencia que el monopolio de la fuerza ya no reside sólo en los Estados-Nación -que, no olvidemos, construyeron en buena medida su propósito y su foco en torno a la seguridad nacional- al hacer vulnerables a las comunidades en escenarios particulares a las condiciones o desarrollos globales, (D.Held y A. Mc Grew).
La seguridad, por otra parte, se ha convertido en una de los retos más importantes de la gobernabilidad democrática. Si en la última contienda electoral en Francia, el debate sobre la seguridad nacional polarizó la campaña, eclipsando otros asuntos sobre los que se centraba tradicionalmente la atención y las propuestas del mercado electoral, en la Conferencia y cumbre sobre gobernanza progresista celebrada recientemente en Londres, la reivindicación de un nuevo entendimiento progresista de la seguridad vuelve a rebrotar como una de las ideas fuerza para la convivencia y el desarrollo social impulsando un debate muy necesario sobre las estrategias, compromisos y actuaciones de los gobiernos orientadas a fortalecer las capacidades de protección humanitaria y ciudadana y a reducir de manera efectiva los riesgos sociales, en un momento especialmente delicado, en el que probablemente desde que acabó la Guerra Fría, "jamás los seres humanos han estado, en todo el mundo, más inseguros", como afirmaba recientemente Irene Khan, secretaria general de Amnistía Internacional.
Pero en este momento el deber de seguridad asumido por los poderes públicos en nuestras sociedades desarrolladas no se puede ver constreñido a la simple y llana superación de la "guerra de todos contra todos" , a la "dominación de los hombres por el miedo", o a la "guerra contra el terror", sino que se debe proyectar a múltiples manifestaciones y fuentes de verdadera inseguridad que afectan a la vida y a las relaciones cotidianas de los ciudadanos en los espacios y ámbitos específicos donde aquellas se producen.
Por ello, construir unas sociedades menos vulnerables implica entre nosotros asegurar a los ciudadanos no sólo frente al delito o la violencia como el clásico Estado liberal, sino también asegurarles frente a la enfermedad, la exclusión social o la explotación económica, fundamento esencial del Estado Social.
Significa también, y de manera creciente, la necesidad de garantizar la seguridad alimentaria, la protección frente a los fraudes de consumo, la violencia intrafamiliar o la de los viajeros/turistas en sus desplazamientos. Nos encontramos, a su vez, con una demanda también ascendente de seguridad ya sea en las relaciones laborales -donde la seguridad en el empleo se llega a justificar como algo caduco y perteneciente al pasado-, en las jurídicas, comerciales o en las financieras, como condición ineludible para el desarrollo socioeconómico. Y existe una conciencia social amplificada sobre la seguridad de los ciudadanos frente a la aparición y propagación de nuevos agentes infecciosos patógenos, o a los cataclismos naturales y medioambientales, en muchas ocasiones provocados por la propia acción del ser humano, fenómenos que requieren nuevas respuestas y se convierten en asuntos imprescindibles en las agendas de los poderes públicos y en el desarrollo de las políticas públicas.
Por ello resulta pertinente realizar una reflexión amplia e integral sobre el sentido y el alcance que puede presentar hoy la relación entre seguridad y ciudadanía democrática, como la que se va a producir en el marco del II Seminario Fernando Buesa en la Universidad de Verano en Donostia-San Sebastián, en la primera semana de septiembre, y en la que van a participar ponentes de tanta altura como Jaume Curbet, que fue responsable de seguridad de la Barcelona olímpica; el diplomático José María Ridao, el urbanista Xerardo Estévez, la feminista Cristina Alberdi, el magistrado Juan Luis Ibarra, los profesores Javier Elzo, Enrique Echeburúa, José Ángel Cuerda y Pilar Lledó, o Guy Hengen, responsable de los "contratos locales de seguridad" en la ciudad de Burdeos.
Los problemas de seguridad a causa de la violencia de persecución y el terrorismo son precisamente unos de los más graves que padece la sociedad vasca, y sus repercusiones en la convivencia ciudadana también tendrán acogida, por su indudable interés, en este foro universitario. Pero la continuidad del necesario combate cívico frente al terrorismo no debe excluir efectuar una nueva mirada sobre estas otras manifestaciones de la inseguridad que acechan no sólo a los Estados, sino principalmente a las personas, a sus vidas y a sus derechos.
La seguridad, uno de los valores que han guiado la identidad y construcción de Europa, mantiene hoy su plena vigencia en la construcción de la ciudadanía en este siglo XXI, pero para ser fieles a nuestro tiempo tendremos que intentar contribuir a acuñar los conceptos y a diseñar las respuestas que más idóneamente se correspondan con los problemas reales de los ciudadanos y ciudadanas.
Javier Blanco Herranz y Javier Otaola Bajeneta son codirectores del II Seminario Fernando Buesa en la UPV.