Cataluña invierte el 37% menos en educación que la media española

La política educativa catalana favorece a la escuela concertada y está convirtiendo la red pública educativa en un sistema asistencialista. Ésta es la contundente conclusión de un informe presentado en la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo de Barcelona. El estudio señala que Cataluña destina el 37% menos de su PIB a educación que la media española, mientras que los centros concertados catalanes reciben el 61% más que la media estatal.

El estudio, denominado La Financiación de la Educación en Cataluña, se presentó en las jornadas El estado de bienestar en Cataluña,...

La política educativa catalana favorece a la escuela concertada y está convirtiendo la red pública educativa en un sistema asistencialista. Ésta es la contundente conclusión de un informe presentado en la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo de Barcelona. El estudio señala que Cataluña destina el 37% menos de su PIB a educación que la media española, mientras que los centros concertados catalanes reciben el 61% más que la media estatal.

El estudio, denominado La Financiación de la Educación en Cataluña, se presentó en las jornadas El estado de bienestar en Cataluña, dirigidas por Vicenç Navarro, catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra (UPF) y ha sido elaborado por Jorge Calero, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Barcelona (UB) y Xavier Bonal, profesor de Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB).

Los autores constatan que los recursos destinados al sector privado aumentaron en Cataluña 3,5 puntos en cinco años, de 1995 a 2000, y superan en casi 10 puntos la media estatal, a pesar de que el número de alumnos en estos centros se mantiene estable y que el gasto público catalán en educación ha disminuido 1,5 puntos durante ese mismo periodo.

Aunque el Departamento de Enseñanza justifica esta política de apoyo a la concertada con el argumento de dar respuesta a las preferencias de demanda educativa por parte de las familias, los autores subrayan que de los textos normativos no se deriva esta conclusión. Pero la ley sí obliga a los poderes públicos a realizar una programación y planificación en función de las necesidades, -que no preferencias-, de escolarización y en función de la situación de los colectivos socialmente desfavorecidos.

El informe es contundente al demostrar este trato de favor: en Cataluña la escolarización en los centros concertados se sitúa en torno al 42%, 12 puntos por encima del valor del conjunto del Estado, y el incumplimiento de la condición de gratuidad en muchos de estos centros provoca que los niveles de gasto privado en los hogares catalanes sea de 341 euros anuales, más del doble que la media estatal (167).

Según Calero y Bonal, esta política de primar la enseñanza privada ha ido acompañada de una progresiva desatención a la enseñanza pública. Un ejemplo son las medidas destinadas a combatir el fracaso escolar: a pesar de que en la provincia de Barcelona el 30% de los alumnos de 16 años no superan la ESO, Enseñanza sólo oferta plazas de programas de garantía social para menos del 22% de los no graduados y, además, del total de estos cursos ofertados sólo acaba realizándose el 63%.

El informe advierte también de que la política desarrollada desde el departamento ha favorecido la concentración de alumnado en condiciones sociales desfavorables en centros públicos clasificados como "de educación educativa preferente" o "unidades externas de escolarización". Aunque estas denominaciones no son negativas por sí mismas, el estudio sostiene que éstas han sido prácticamente las únicas medidas adoptadas para responder a los problemas de integración social y que dichos centros especiales corren peligro de transformarse en guetos de marginalidad. Los autores recuerdan, además, que el 85% de los alumnos de procedencia inmigrante están escolarizados en centros públicos.

La conclusión es que la política educativa del Gobierno de CiU ha facilitado "la consolidación de dos redes de escolariza-ción en condiciones claramente desiguales".Las jornadas sobre el estado de bienestar en Cataluña también incidieron en el estudio de la calidad educativa y, una vez más, las conclusiones no son demasiado halagüeñas. Según un informe elaborado por Francesc Pedró, catedrático de Ciencias Políticas y Sociales de la UPF, el gasto por alumno en Cataluña en Primaria y Secundaria es respectivamente el 6 y el 7,5% inferior a la media española y claramente baja con respecto a la media europea: el 24 y el 30% menos. Con respecto a la inversión en educación por habitante, Cataluña, a pesar de tener un PIB más alto que el resto de España, destina menos que la media estatal en su formación.

Otro indicador sobre la calidad educativa se refleja en el nivel del profesorado, que, según Pedró, se asemeja al de las medias española y europea. Los ratios profesor-alumno también ejemplifican la capacidad de aprendizaje y, en el caso de Cataluña, la proporción es la adecuada. La media de horas que el alumnado catalán asiste a clase, en cambio, -otro de los indicadores de calidad-, es de 559 anuales frente a las 678 europeas. El autor advierte de que el estudiante catalán de ESO y Bachillerato ha recibido el equivalente de un año menos de horas de clase que la media de los países europeos.

El sistema de equidad educativa tiene también, además, dos asignaturas pendientes: la disparidad de calidad educativa en función del territorio y las grandes diferencias entre la red pública y la concertada. Así, la tasa de fracaso escolar sobre el curso 1998-99 revela que ésta se dispara hasta el 38% en la pública, mientras que en la privada concertada no alcanza el 22%. Estos porcentajes también varían mucho territorialmente, hasta el punto de que las tasas de estudiantes que acuden a centros públicos y no consiguen finalizar la ESO pueden oscilar entre el 15 y el 45% en función de la comarca donde se encuentra el instituto. A pesar de que el autor plantea la necesidad de unos mecanismos de control de calidad más elaborados, los datos diferenciales entre centros públicos y privados y en función del territorio permiten concluir, según Pedró, que en Cataluña escasea la igualdad de oportunidades en materia educativa.

Competencias básicas

Otra forma de abordar el grado de calidad de la enseñanza se centra en el porcentaje de alumnos catalanes de Primaria y Secundaria que superan las competencias básicas, la "maleta de conocimientos mínimos y necesarios que te queda a lo largo de la vida cuando ya has olvidado las asignaturas y los programas", en palabras de la consejera Carme-Laura Gil. El informe de Pedró recuerda que el 75% de los alumnos de Primaria asume estas competencias "irrenunciables e imprescindibles", mientras que el porcentaje disminuye hasta el 60% cuando se trata de los estudiantes de Secundaria.

Las conclusiones del estudio es que Cataluña aún no oferta el nivel educativo que debería con respecto a la Unión Europea y que tampoco alcanza la posición adecuada respecto al resto de las autonomías. Pedró subraya que el grado de riqueza y desarrollo económico catalán "contrasta con el reducido esfuerzo que se ha hecho en materia de inversión pública en enseñanza". El autor precisa, no obstante, que los nuevos acuerdos entre Generalitat y Gobierno central a partir de 2001 deberían suponer una mejora del sistema educativo catalán.