Multada una gravera por trabajar sin licencia en el parque del Sureste

La Consejería de Medio Ambiente ha multado a la empresa Valromeroso con 155.922 euros por extraer áridos sin licencia en el parque regional del Sureste. Esta gravera dispuso de la preceptiva autorización para trabajar en la zona desde 1988 hasta 1992, pero el 1 de agosto de 2002 los agentes forestales descubrieron que se extraían áridos en una superficie de 2.127 metros cuadrados con maquinaria pesada y sin la necesaria autorización. Posteriormente, Ecologistas en Acción también denunció la actividad de esta gravera, enclavada en el paraje denominado Valromeroso, zona B2 del parque Regional de...

La Consejería de Medio Ambiente ha multado a la empresa Valromeroso con 155.922 euros por extraer áridos sin licencia en el parque regional del Sureste. Esta gravera dispuso de la preceptiva autorización para trabajar en la zona desde 1988 hasta 1992, pero el 1 de agosto de 2002 los agentes forestales descubrieron que se extraían áridos en una superficie de 2.127 metros cuadrados con maquinaria pesada y sin la necesaria autorización. Posteriormente, Ecologistas en Acción también denunció la actividad de esta gravera, enclavada en el paraje denominado Valromeroso, zona B2 del parque Regional del Sureste, en el término municipal de Chinchón.

La Dirección General de Promoción y Disciplina Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente cerró el 25 de junio este expediente, en el que se califican los hechos como "graves" y en el que queda demostrada la "intencionalidad" de la empresa expedientada, por lo que se le impone una sanción de 70.000 euros y una indemnización de 85.922 euros, lo que supone un total de 155.922 euros. La gravera sancionada deberá correr con los gastos de reparación de los daños causados.

El parque regional del Sureste se encuentra en el entorno de los ríos Jarama y Manzanares. Es un área natural que incluye zonas de alto valor ecológico, paleontológico y arqueológico que están siendo sometidas a importantes amenazas: la actividad extractiva, la inadecuada protección de sus recursos y una serie de factores derivados de su carácter periurbano.La sanción de 155.922 euros impuesta por la Consejería de Medio Ambiente se efectúa en base al incumplimiento de la Ley 2/2002 de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid, que, tras su creación, permite castigar este tipo de infracciones medioambientales. De hecho, el expediente que ha concluido con esta sanción se inició poco después de que la ley fuera aprobada por la Asamblea de Madrid. En este expediente se destaca que la actividad ilegal de la gravera provocó "pérdida de vegetación y valores ambientales".

La empresa Valromeroso realizaba tareas de extracción de gravas y arenas en la parcela 14 de este paraje sin poseer ningún tipo de autorización de las administraciones locales y autonómicas. Al conocer estos hechos, la Consejería de Medio Ambiente paralizó la actividad e inicio el expediente.

El Servicio de Evaluación Ambiental informó de que esta explotación no disponía de la evaluación ambiental necesaria y el Servicio de Espacios Naturales Protegidos -como lo es el parque regional del Sureste- señaló, entre otras cosas, que la extracción de áridos se estaba realizando con maquinaria perteneciente a la empresa Transferpo y que "sería conveniente proceder a la restauración de los terrenos a su estado original".

En las alegaciones realizadas por la gravera, el propietario de la explotación negó los hechos y argumentó que no se había producido "extracción alguna de áridos, sino trabajos de consolidación del terreno", y que el movimiento de tierras dentro del parque regional de Sureste no necesita Evaluación de Impacto Ambiental.

Material fotográfico

La Dirección General de Promoción y Disciplina Ambiental, tras estudiar las alegaciones presantadas por Valromeroso, consideró que éstas "no desvirtuaban" los hechos imputados y añadió más datos sobre la actividad ilegal recogidos en nuevos informes. En ellos queda probado que durante las inspecciones realizadas se observó "cómo los camiones y maquinaría que trabajaban en la finca extraían y sacaban áridos, llevándoselos a un destino desconocido". A estos datos se unió un informe fotográfico que completó la denuncia formulada por los agentes forestales en el que se "observa claramente cómo se estaban extrayendo áridos de la finca".

La inspección de Medio Ambiente constata además que las actuaciones de extracción de áridos que se realizaban en la finca estaban provocando "daños importantes a la vegetación y morfología de la zona".

En virtud de la Ley 2/2002 los hechos se calificaron como "graves". Según el informe emitido por los servicios técnicos de la Dirección General del Medio Natural, la valoración de los perjuicios ocasionados debido a la pérdida de vegetación y valores ambientales se ha cifrado en 4.152 euros y la valoración de los perjuicios relativos a la pérdida de suelo se ha determinado, calculando el volumen del árido extraído, en 81.770 euros.

La extracción de áridos afectó a una superficie de 2.100 metros cuadrados y a un volumen de tierras de 17.000 metros cúbicos.

Medio Ambiente, además de sancionar estos hechos con 70.000 euros, incorpora una indemnización de 85.922 euros por los daños causados.

Este expediente, resuelto el 25 de junio, ordena también que en el plazo de dos meses, a partir de esta fecha, la empresa sancionada debe presentar un proyecto de restauración de la zona afectada, que debe ser aprobado por la consejería antes de que se proceda a su ejecución.

Los trabajos de reparación deberán realizarse en menos de un año.