La entidad de crédito público de la Generalitat multiplica sus préstamos por siete en un año

El Instituto Catalán de Finanzas (ICF), la entidad de crédito público de la Generalitat, ha estrenado el año 2003 abriendo aún más el grifo de sus préstamos, mimando con particular esmero, entre sus destinatarios, a las administraciones públicas. En los primeros tres meses del año, el ICF multiplicó nada menos que por siete el dinero destinado a sus préstamos, según la memoria presentada por la entidad al Parlament. Y el ritmo al que crecen las subvenciones que concede la Generalitat anticipando un préstamo del ICF siguió viento en popa. La izquierda tacha al Gobierno catalán de "irresponsable...

El Instituto Catalán de Finanzas (ICF), la entidad de crédito público de la Generalitat, ha estrenado el año 2003 abriendo aún más el grifo de sus préstamos, mimando con particular esmero, entre sus destinatarios, a las administraciones públicas. En los primeros tres meses del año, el ICF multiplicó nada menos que por siete el dinero destinado a sus préstamos, según la memoria presentada por la entidad al Parlament. Y el ritmo al que crecen las subvenciones que concede la Generalitat anticipando un préstamo del ICF siguió viento en popa. La izquierda tacha al Gobierno catalán de "irresponsable".

El importe acumulado de las operaciones formalizadas a 31 de marzo de este año se eleva a 186,85 millones de euros. Esta cantidad supone un incremento del 622,9% respecto del primer trimestre de 2002.

El Gobierno catalán relativiza el valor de esta comparación y arguye que el nuevo plan estratégico concebido por el consejero de Economía y Finanzas, Francesc Homs, para el ICF no había empezado a activarse precisamente hasta marzo del año pasado. Este plan perseguía potenciar la actividad del instituto, al frente del cual está Josep Molins, para convertirlo en una robusta entidad de crédito público.

Pero este objetivo se ha visto distorsionado, según la oposición, por el significativo aumento de los préstamos que, de hecho, son una subvención, bien como ayuda pública que se anticipa a través del ICF, bien como un tipo de préstamo en el que la Generalitat asume las correspondientes obligaciones económicas (capital, intereses y comisiones).

Desde diciembre de 2002 hasta marzo de 2003, los préstamos con anticipo de subvención aumentaron de 42,56 a 53,23 millones.

Este salto aproximado de 11 millones significa que, en sólo tres meses, este tipo de préstamos mediante los cuales el Gobierno catalán otorga subvenciones para realizar inversiones concretas han progresado igual que durante el año anterior entero. El saldo de ayudas anticipadas era de 31,15 millones en diciembre de 2001, y, un año después, la cantidad se había incrementado a 42,56 millones.

Sin embargo, los préstamos con garantía departamental, de cuyas obligaciones económicas se hace cargo directamente la Generalitat y que son otro tipo de subvención según la Sindicatura de Cuentas, se mantuvo estable: los destinados al sector privado, que de 2001 a 2002 se triplicaron llamativamente (véase EL PAÍS del pasado 7 de julio), descendieron en cinco millones de euros, mientras que los destinados al sector público aumentaron en otros cinco millones.

Todo este bombeo de préstamos, y en particular los que esconden pagos a los que la Administración catalana deberá hacer frente más adelante, han enardecido las críticas de la oposición de izquierdas, que insisten en que el Gobierno catalán actúa de este modo por falta de recursos y mala gestión.

El diputado socialista Martí Carnicer considera que el Gobierno de CiU hace un uso "totalmente inapropiado" de la entidad de crédito público de la Generalitat, que a su juicio queda "adulterada y se convierte en un instrumento para los camuflajes del Gobierno". "Quizá no estemos ante actuaciones ilegales, pero sí de fórmulas totalmente incorrectas en una gestión pública transparente y eficaz".

Para los socialistas, el problema que plantea esta política reside en que las ayudas que se conceden se hacen desde fuera del presupuesto, de modo que el reparto puede incurrir en un trato "discriminatorio" entre los beneficiarios.

Desde ICV, derivar hacia el futuro obligaciones de pago es una irresponsabilidad política. "El Gobierno lo ha estado haciendo de forma sistemática, sin que nunca haya planteado seriamente y con eficacia el sistema de financiación de Cataluña", opina Joan Boada, portavoz parlamentario de ICV. Boada teme la creación de "un agujero financiero de grandes proporciones".ICV ha planteado una batería de preguntas, a través del consejo asesor del Instituto Catalán de Finanzas (ICF), que tratan sobre los tipos de interés medios que aplica la entidad de crédito y el diferencial que hay respecto al de las entidades financieras privadas; la existencia de informes previos que aseguren la conveniencia de los créditos o avales; el coste final que tiene para la Generalitat utilizar la vía del crédito para las subvenciones, y si la deuda financiera que generan estos préstamos se consolida con la deuda de la Generalitat o se queda en las cuentas del propio ICF.

La preocupación por la "irresponsabilidad" de esta política también se extiende a ERC, cuyo portavoz parlamentario, Josep Huguet, ha reclamado criterios claros en la concesión de préstamos y un giro en una práctica que "está endeudando hasta el cuello a la Generalitat".

Todos los grupos de izquierda subrayan que el pan para hoy y hambre para mañana es una señal de "fin de régimen". El PP, por su parte, no ha respondido a las preguntas de este periódico sobre la política del préstamos del ICF.

La Administración pública se llevó más de la mitad de las operaciones cerradas en el primer trimestre de 2003 (54%), algo que la entidad crediticia de la Generalitat atribuye principalmente a "las inversiones de entidades locales afectadas por aguaceros y otros fenómenos climatológicos". Precisamente hace un par de semanas, la Generalitat firmó un convenio para conceder ayudas por valor de 3,5 millones de euros, a través del instituto, a los ayuntamientos afectados por las lluvias torrenciales del verano y otoño de 2002, según acordaron los consejeros de Gobernación, Josep Maria Pelegrí, y de Economía y Finanzas, Francesc Homs.

En volumen, la Administración pública representó el 21,9% del dinero prestado (40,88 millones de euros). Las actividades inmobiliarias fueron las que se llevaron mayor tajada (el 30,4% del dinero), lo que el ICF explica sobre todo por la operación con Fira 2000 para la construcción de los nuevos pabellones.