Vitoria pone fin al "fraude" en el empadronamiento de 600 inmigrantes
El Ayuntamiento de Vitoria ha tomado medidas ante el masivo empadronamiento de inmigrantes, todos en el mismo local, propiedad de la ONG SOS Racismo. El alcalde, Alfonso Alonso, ha comprobado que en esa lonja se han llegado a registrar 1.250 personas empadronadas a la vez. Ahora, la cifra ronda los 658.
El primer edil, del PP, calificó ayer de "irregular e ilegal" esta situación porque "ninguno vive allí" y, sobre todo, porque "la mayor parte no reside en Vitoria, sino en otros lugares de España". Por eso, firmó un decreto que ordena al registro municipal impedir nuevos empadronamientos...
El Ayuntamiento de Vitoria ha tomado medidas ante el masivo empadronamiento de inmigrantes, todos en el mismo local, propiedad de la ONG SOS Racismo. El alcalde, Alfonso Alonso, ha comprobado que en esa lonja se han llegado a registrar 1.250 personas empadronadas a la vez. Ahora, la cifra ronda los 658.
El primer edil, del PP, calificó ayer de "irregular e ilegal" esta situación porque "ninguno vive allí" y, sobre todo, porque "la mayor parte no reside en Vitoria, sino en otros lugares de España". Por eso, firmó un decreto que ordena al registro municipal impedir nuevos empadronamientos en ese domicilio. Además, se ha incoado un expediente, que no conllevaría multas, para que en dos meses
demuestren dónde residen.
Alonso recordó que el Ayuntamiento y el Gobierno vasco atienden a los inmigrantes que piden ayudas, pero insistió en que se deben cumplir "los cauces legales", es decir, que para percibir la asistencia se necesita acreditar un mínimo de seis meses residiendo en la ciudad. El alcalde asegura que hay personas que el mismo día que llegan a Vitoria ya disponen del padrón. "Es un fraude que hace perder credibilidad a los servicios sociales".
SOS Racismo reconoció que tiene domiciliados a centenares de inmigrantes en su sede, cerrada tras unas inundaciones en marzo, pero defendió el derecho de éstos a elegir dónde se empadronan, y anunció que llevará a los tribunales la decisión. "Les obligan a tener una casa o habitación alquilada, pero saben que es una misión imposible", critica el responsable de la ONG, Fede García, que asegura que la mayoría "malvive en Vitoria, sin recibir ayudas hasta los seis meses".