La Comisión da dos meses a España para que cambie la ley que vetó la entrada de EdF en Hidrocantábrico

Último aviso de la Comisión Europea. Si en dos meses el Gobierno español no modifica la legislación que intentó cerrar las puertas a la entrada de la compañía eléctrica francesa EdF en el capital de Hidrocantábrico, el caso se llevará ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que lo resuelva. Lo mismo vale para Italia. Bruselas insiste en que las dos leyes aprobadas en 1999 y 2001 constituyen una restricción injustificada a la libre circulación de capitales que debe desmantelarse y, por consiguiente, una violación de uno de los principios sacros del Tratado de la UE.

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Último aviso de la Comisión Europea. Si en dos meses el Gobierno español no modifica la legislación que intentó cerrar las puertas a la entrada de la compañía eléctrica francesa EdF en el capital de Hidrocantábrico, el caso se llevará ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que lo resuelva. Lo mismo vale para Italia. Bruselas insiste en que las dos leyes aprobadas en 1999 y 2001 constituyen una restricción injustificada a la libre circulación de capitales que debe desmantelarse y, por consiguiente, una violación de uno de los principios sacros del Tratado de la UE.

Ante la inacción del Ejecutivo español e italiano, el Colegio de comisarios decidió ayer activar la segunda fase del procedimiento de infracción abierto en octubre de 2002. La conocida como Ley anti-EdF quedó en la práctica sin efecto tras el acuerdo hispano-francés para ampliar las interconexiones de sus redes eléctricas a través de los Pirineos, bendecido por Bruselas. El problema para la Comisión es que la citada ley sigue existiendo sobre el papel. La normativa en cuestión (55/1999) limita al 3% los derechos de voto de un inversor extranjero de capital público que decide entrar en una empresa del mercado energético español. En el caso italiano se rebaja al 2%.

La norma concede además un poder de facto al Consejo de Ministros español para autorizar o vetar una operación de este tipo si consideraba que pone en riesgo el suministro de energía en un sector estratégico y liberalizado. No fue una decisión casual del Ministerio de Economía. EdF, de capital público, orquestaba por esas fechas una basta y polémica campaña de compra por el mercado energético europeo que incluía a España, a través de la fusión entre su filial alemana EnBW e Hidrocantábrico, e Italia, con Montedison e Italenergia en la escena.

Un argumento utilizado por los dos Gobiernos para justificar la ley, rebatido por Bruselas, se refiere al retraso que estaba sufriendo en la época el proceso de liberalización del sector energético. La Comisión señala que esto "no debe llevar a los Estados miembros a adoptar medidas unilaterales destinadas a defender los intereses nacionales mediante una restricción de las libertades fundamentales".