La rectificación de Cardenal

Durante unos meses la reforma de la Justicia la hundió el Fiscal General del Estado, Jesús Cardenal. El sistema de videoconferencias en los juicios chocó con una primera dificultad, y no pequeña: el Fiscal General del Estado, envió una instrucción a los fiscales en las que les ordenaba que se opusieran "motivadamente" a esta manera de celebrar los juicios, por entender que el proceso carecía "de las garantías necesarias".

En esa instrucción, Jesús Cardenal recordaba que en el actual sistema legislativo español no cabía "la celebración de juicios orales a través de videoconferencia".
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Durante unos meses la reforma de la Justicia la hundió el Fiscal General del Estado, Jesús Cardenal. El sistema de videoconferencias en los juicios chocó con una primera dificultad, y no pequeña: el Fiscal General del Estado, envió una instrucción a los fiscales en las que les ordenaba que se opusieran "motivadamente" a esta manera de celebrar los juicios, por entender que el proceso carecía "de las garantías necesarias".

En esa instrucción, Jesús Cardenal recordaba que en el actual sistema legislativo español no cabía "la celebración de juicios orales a través de videoconferencia".

Cardenal había presidido con el entonces ministro de Justicia, Ángel Acebes, la presentación de la campaña Modernizando la Justicia, en la que uno de los aspectos básicos era el uso de la videoconferencia en los juicios, para, según se dijo, la "agilización de la Justicia", la "reducción de costes" y una "mayor seguridad".

El documento de la Fiscalía se enviaba apenas tres meses después de haberse presentado a bombo y platillo el moderno sistema técnico.

Una semana después de que se publicara esta circunstancia en Ciberp@ís (véase 28 de febrero de 2002), una nueva instrucción de la Fiscalía rectificaba la anterior, matizando que lo improcedente era celebrar un proceso sin que el acusado estuviera presente en la sala donde era juzgado.

Resuelta la controversia, nada parece oponerse en este momento al uso de las nuevas tecnologías para agilizar la Justicia, ahorrando dinero y garantizando los derechos de cuantos intervienen en el proceso.