La reforma de la PAC y la OMC

El pasado 26 de junio, los ministros de Agricultura de la Unión Europea alcanzamos un acuerdo para reformar la Política Agrícola Común que cumplía un doble objetivo: garantizar un marco jurídico y financiero estable a la agricultura y ganadería comunitarias y al mismo tiempo permitirle a la Unión Europea cumplir las condiciones que tendrá que asumir, con carácter imperativo, en el seno de la Organización Mundial de Comercio en la próxima Conferencia Ministerial que se celebrará en Cancún en el próximo mes de septiembre.

Es normal que los agricultores españoles desconozcan la complejidad...

El pasado 26 de junio, los ministros de Agricultura de la Unión Europea alcanzamos un acuerdo para reformar la Política Agrícola Común que cumplía un doble objetivo: garantizar un marco jurídico y financiero estable a la agricultura y ganadería comunitarias y al mismo tiempo permitirle a la Unión Europea cumplir las condiciones que tendrá que asumir, con carácter imperativo, en el seno de la Organización Mundial de Comercio en la próxima Conferencia Ministerial que se celebrará en Cancún en el próximo mes de septiembre.

Es normal que los agricultores españoles desconozcan la complejidad del contenido de las negociaciones comerciales; lo que es inexplicable es que los líderes de las organizaciones agrarias nacionales, que centran sus críticas en el eje fundamental de la reforma acordada, el desacoplamiento parcial de las ayudas agrarias, ignoren que la regulación del comercio mundial impone desconectar en alguna medida, pero con carácter necesario, las ayudas agrarias de la producción.

Las llamadas en la jerga de la OMC "caja ámbar" y "caja azul", que contienen ayudas agrarias vinculadas a la producción que distorsionan el comercio mundial, deberán ser reducidas sustancialmente, como mínimo el 50%. Traducido a un lenguaje más asequible, de los 36.740 millones de euros que suponen las ayudas comunitarias a los agricultores vinculadas a la producción tras la reforma, al menos 25.940 millones de euros deberán desconectarse, sólo podrán quedar vinculadas a la producción ayudas por importe de 11.800 millones de euros en la llamada caja azul.

Por ello, los ministros de Agricultura de la UE consideramos que el desacoplamiento total, que proponía el comisario Fischler, era innecesario y que con un desacoplamiento parcial podíamos cumplir las exigencias de la Organización Mundial de Comercio. Este desacoplamiento parcial, unido a otras mejoras sobre la propuesta inicial del comisario Fischler, anula los efectos negativos de las propuestas originales.

¿Piensan la COAG, UPA, ASAJA y otras organizaciones agrarias que en España se puede diseñar una política agraria exclusivamente en clave española? ¿Consideran que nuestra pertenencia a la Unión Europea sólo implica derechos, como recibir importantes apoyos del Feoga Garantía y del Feoga Orientación, y no conlleva obligaciones correlativas, como asumir el cumplimiento de los acuerdos comerciales multilaterales que negocia la Unión Europea?

Entiendo que una actitud responsable sería informar a los agricultores, a los que representan, de cuáles son las reglas del juego de una verdadera política agraria comunitaria acorde con los planteamientos de la OMC y prepararles para adaptarse al nuevo marco jurídico, en lugar de formular planteamientos utópicos carentes de toda posibilidad de puesta en marcha, sea cual sea el color político del gobierno de cualquier país comunitario.

Desde una actitud responsable, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación encaró el proceso de reforma de la PAC con un objetivo absolutamente claro: tratar de establecer un modelo de Política Agraria Común que, cumpliendo las exigencias de la OMC, permitiera el mantenimiento de la actividad agrícola y ganadera en todas las regiones de España.

Por ello, en la comparecencia que realicé ante el Congreso de los Diputados el pasado día 11 de marzo establecí como objetivos básicos de la negociación los siguientes:

1. Rechazar el desacoplamiento total de las ayudas directas ante el grave riesgo de abandono de producciones agrarias y ganaderas que podía comportar, y optar por un modelo de desconexión parcial de las ayudas que permitiera mantener un tramo de ayudas vinculadas siempre a la producción.

2. Implantación de una modulación obligatoria a nivel comunitario cuyos fondos fueran exclusivamente a financiar actuaciones de desarrollo rural distribuyéndose entre los Estados miembros con criterios de cohesión.

3. Simplificación de la ecocondicionalidad.

4. Establecimiento de las auditorías a las explotaciones con carácter voluntario.

5. Mejorar las Organizaciones Comunes de Mercado afectadas por la reforma: arroz, trigo duro, frutos secos y forrajes desecados.

6. Oponernos a la reducción de un 5% de los precios de intervención de cereales.

7. Prorrogar hasta el año 2014 el sistema de cuotas vigentes en el sector lácteo.

8. Establecer un tratamiento diferenciado para las Islas Canarias, eximiéndolas de la aplicación del desacoplamiento y modulación.

Todos estos objetivos se han conseguido y en estos momentos la agricultura y ganadería españolas tienen un marco presupuestario estable y se mantienen los niveles de apoyo, siendo en algunos sectores incluso mejores que los vigentes antes de la reforma. Esta situación permite a agricultores y ganaderos planificar su futuro con garantías.

Desde un punto de vista financiero, tras la puesta en marcha de esta reforma, que además anticipa algunas acciones diseñadas en la Agenda 2000, España recibirá en el periodo 2005-2013 2.752 millones de euros más que antes de la reforma; 305 millones de euros anuales más de media. Además, se garantiza que las futuras reformas de las Organizaciones Comunes de Mercado de los productos mediterráneos (aceite de oliva, algodón y tabaco) se efectuarán respetando las fichas financieras vigentes en las mismas, lo que excluye a estos sectores de posibles recortes presupuestarios.

Todas las opiniones son legitímas, pero, a la vista de los resultados de la negociación, el acuerdo final es para los intereses españoles claramente más beneficioso que las propuestas iniciales del comisario Fischler, y permite a los agricultores y ganaderos españoles seguir recibiendo ayudas similares superiores en alguno de los sectores reformados a las vigentes.

No obstante, algunos anuncian el final de la agricultura española; curiosamente son los mismos que en el año 1992 anunciaron su destrucción tras la Reforma Mac Sharry (las hemerotecas de la época están llenas de declaraciones muy parecidas a las de ahora). Se equivocaron entonces, y estoy seguro de que se vuelven a equivocar ahora sembrando temores infundados y desanimando a nuestros agricultores y ganaderos.

La segura capacidad de adaptación de nuestros agricultores y ganaderos a la nueva PAC, junto con la colaboración de Gobierno y comunidades autónomas mediante políticas de acompañamiento financiadas con los nuevos fondos disponibles para desarrollo rural, hará posible que la agricultura española siga su camino de modernización y competitividad creciente en un entorno globalizado.

Miguel Arias Cañete es ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación.