Un ex trabajador acusa a Kelme de simular pérdidas para justificar los últimos despidos

José García Antón, representante legal de Antonio Ros, ex trabajador del grupo Kelme, aseguró en juicio por despido celebrada el pasado lunes que el grupo falsea sus resultados y no contabiliza el 50% de sus ingresos para simular una situación de pérdidas. Javier Vázquez-Doredo, consejero delegado de Kelme, indicó al respecto que las deudas del grupo alcanzan los 32 millones de euros. García Antón aportó varias facturas, algunas reconocidas por Vázquez-Doredo, en las que no figura el IVA y en las que el precio de venta es inferior al coste de fabricación.

García Antón apuntó durante la ...

José García Antón, representante legal de Antonio Ros, ex trabajador del grupo Kelme, aseguró en juicio por despido celebrada el pasado lunes que el grupo falsea sus resultados y no contabiliza el 50% de sus ingresos para simular una situación de pérdidas. Javier Vázquez-Doredo, consejero delegado de Kelme, indicó al respecto que las deudas del grupo alcanzan los 32 millones de euros. García Antón aportó varias facturas, algunas reconocidas por Vázquez-Doredo, en las que no figura el IVA y en las que el precio de venta es inferior al coste de fabricación.

García Antón apuntó durante la vista oral del juicio por despido improcedente que Kelme utiliza dos tipos de facturación para ocultar los beneficios de la empresa. García Antón entiende que el despido de Ros y otros 11 empleados más el pasado mes de febrero es improcedente, puesto que no existen motivos económicos como aduce la empresa.

El letrado presentó a la magistrada facturas de Kelme, empresa propiedad de los hermanos José y Diego Quiles, donde se indica un precio inferior a la media de coste de producción. García Antón explicó que el precio medio de cada par de zapatillas deportivas de Kelme se establece en 20 euros, cuando muchas facturas recogen un valor de venta de 9 euros. Esta diferencia es la que esgrimió ante la magistrada del Juzgado de lo Social número 2 para explicar que "Kelme amaña sus cifras cuando le interesa, no contabiliza el 50% de sus ingresos y entrega facturas a los clientes sin IVA".

Además, García Antón preguntó a Vázquez-Doredo por un artículo publicado en un periódico económico donde se afirmaba que el grupo obtuvo durante 2002 beneficios por valor de 800.000 euros. El consejero delegado fue claro: "Si dijéramos la cuarta parte de la verdad los bancos dejarían de trabajar con nosotros y, ahora, el grupo no existiría". Vázquez-Doredo adujo que esos datos no eran reales.

En términos similares se explicó Jorge Reig, el administrador de la firma que impuso la Generalitat tras conceder un crédito a Kelme. Reig justificó las declaraciones al diario como parte de una estrategia. Explicó que se trasladaron datos parciales del grupo calculados en hipotéticas condiciones ventajosas, circunstancias que "no se dan en el grupo".

Los representantes de Kelme dedicaron el juicio a demostrar que el grupo está en crisis, como anticipó ayer EL PAÍS. Kelme se encuentra a la deriva desde 1999, tras un descenso de la facturación de un 25% entre 1999 y 2003, y una caída de las exportaciones de un 60%. El grupo pasó a facturar 55 millones de euros en 1999 a los 38 millones de 2002.

La defensa trató de demostrar que el grupo se encuentra en quiebra técnica a pesar de la inyección de 9 millones de euros avalados por la Generalitat en mayo de 2002 y ofrecidos en crédito por CAM y Bancaixa. "Sin este dinero la actividad habría cesado hace un año y, ahora, Kelme habría cerrado sus puertas", afirmó ayer el administrador encargado de reflotar la empresa. Éste explicó que la inyección de dinero fue destinada a cubrir los préstamos bancarios, "y tras cancelar las deudas sólo se ingresó 1,5 millones de euros".

El administrador apuntó que la "situación del grupo es muy delicada", provocada por la inmovilización de más de 28 millones de euros en inversiones sin éxito, como las desarrolladas en Rusia. De hecho, la mercantil no dispone de liquidez para hacer frente a los 240.404 euros que cuestan las indemnizaciones por despido de los últimos 12 trabajadores.

Por su parte, el consejero delegado, Javier Vázquez-Doredo, indicó que el grupo debe a la Seguridad Social dos mensualidades por valor superior a los 200.000 euros y un mes a Hacienda, que cifró en unos 50.000 euros.