CiU ocultó a la Junta Electoral el informe del Consultivo que avalaba la nueva ley comarcal

El Gobierno catalán ocultó a la Junta Electoral Central (JEC) el informe del Consejo Consultivo de la Generalitat que avalaba la aplicación en estos comicios municipales del nuevo sistema de elección de los consejos comarcales aprobado el pasado mes de abril por el Parlament pese a la oposición de Convergència i Unió (CiU). Esta fórmula supone un recorte considerable del poder territorial de los nacionalistas catalanes, que hubieran perdido un total de 12 mayorías absolutas y 68 representantes comarcales, en relación con 1999.

Según denunció ayer el Partit dels Socialistes de Catalunya ...

El Gobierno catalán ocultó a la Junta Electoral Central (JEC) el informe del Consejo Consultivo de la Generalitat que avalaba la aplicación en estos comicios municipales del nuevo sistema de elección de los consejos comarcales aprobado el pasado mes de abril por el Parlament pese a la oposición de Convergència i Unió (CiU). Esta fórmula supone un recorte considerable del poder territorial de los nacionalistas catalanes, que hubieran perdido un total de 12 mayorías absolutas y 68 representantes comarcales, en relación con 1999.

Según denunció ayer el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), el Departamento de Gobernación se negó a remitir a la JEC el documento del Consejo Consultivo -el órgano de la Generalitat que vela por la constitucionalidad de las leyes- pese a los requerimientos de la propia junta. Gobernación, en cambio, envió otros informes de juristas que contradecían las tesis del Consultivo y que, por tanto, apoyaban la teoría del Gobierno catalán en el sentido de que para estos comicios todavía debía regir la ley de 1987, mucho más favorable a los intereses de CiU.

El mismo día de las elecciones, la JEC aceptó las alegaciones de la Generalitat y decretó la suspensión de la reforma parlamentaria de abril al entender que ésta se aprobó cuando ya estaban convocados oficialmente los comicios municipales. La JEC dio la razón al Gobierno catalán por ocho votos contra tres y sostuvo que se produjo una situación de indefensión jurídica. No obstante, la resolución contiene un voto particular de Jordi Capo que avala la denuncia del Partit dels Socialistes. En concreto, Capo afirma: "Debe señalarse que la junta no ha tenido la posibilidad de estudiar material relevante como el informe del Consejo Consultivo (no remitido por la Generalitat, a pesar de la petición en este sentido por la junta) y sólo ha podido tener en consideración unas alegaciones por parte de quienes la elevaron [el Departamento de Gobernación]".

A partir del acuerdo de la JEC, el Departamento de Gobernación dio a conocer, el pasado miércoles, la nueva composición de los consejos comarcales aplicando la ley de 1987. CiU continúa conservando la mayoría cualificada en 18 consejos -en 1999 tenía 27- y tendrá 450 representantes comarcales, 44 menos que en la anterior legislatura.

El consejero de Gobernación, Josep María Pelegrí, manifestó que su departamento no recibió ningún "requerimiento formal" para trasladar a la JEC el informe del Consejo Consultivo, contradiciendo así lo afirmado en el voto particular de Jordi Capo. "No hay ninguna voluntad de esconder nada, al contrario, en todas las conversaciones con la JEC nos hemos puesto siempre a su disposición", afirmó Pelegrí.

Pelegrí, indignado

El consejero añadió que el Gobierno catalán "no cuestiona el contenido de la ley ni su vigencia, sino su aplicación en un proceso electoral ya iniciado". El consejero democristiano aprovechó sus declaraciones para arremeter contra los socialistas, a quienes acusó de "criminalizar" al Gobierno catalán con sus "acusaciones muy graves e inaceptables" y reclamó que el PSC retirara estas declaraciones.

El diputado socialista Oriol Nel.lo calificó de "muy grave" la actuación del Ejecutivo de Jordi Pujol y aseguró que su partido "pedirá responsabilidades políticas", aunque no concretó cuáles.

"Con esta actuación, el Gobierno de la Generalitat está vulnerando todos los procedimientos en las relaciones entre el ejecutivo y el legislativo porque trata de incumplir una ley del Parlament con procedimientos impropios administrativa y políticamente indefendibles, ya que está escondiendo informes del máximo órgano jurídico de la Generalitat", señaló el diputado socialista.

Si el Gobierno catalán hubiera aplicado la nueva ley de abril, Convergència i Unió hubiera perdido otras tres mayorías absolutas y 24 consejeros comarcales. Además, en las comarcas del Pla de l'Estany y el Baix Ebre, CiU y PSC habrían empatado en número de representantes, aunque los socialistas no obtendrían más mayorías. El PSC ganaría otros 10 consejeros, ERC 5, Iniciativa otros 4 y el Partido Popular 6.