La trama de Gescartera utilizó 42 testaferros para simular pérdidas superiores a 18 millones de euros
El informe definitivo de los peritos del Ministerio de Hacienda entregado a la juez Teresa Palacios sobre el fraude de Gescartera (un agujero de 87 millones de euros que ha perjudicado a 1.800 clientes) revela la utilización por los gestores de la agencia de valores de más de 42 testaferros a los que endosaron pérdidas irreales por 18 millones de euros (3.008 millones de pesetas) para beneficiar con cantidades semejantes al resto de clientes, incluidas seis entidades religiosas. El escándalo pronto cumplirá dos años. Los costes políticos -la dimisión del secretario de Estado de Hacienda...
El informe definitivo de los peritos del Ministerio de Hacienda entregado a la juez Teresa Palacios sobre el fraude de Gescartera (un agujero de 87 millones de euros que ha perjudicado a 1.800 clientes) revela la utilización por los gestores de la agencia de valores de más de 42 testaferros a los que endosaron pérdidas irreales por 18 millones de euros (3.008 millones de pesetas) para beneficiar con cantidades semejantes al resto de clientes, incluidas seis entidades religiosas. El escándalo pronto cumplirá dos años. Los costes políticos -la dimisión del secretario de Estado de Hacienda, Enrique Jiménez Reyna, hermano de la ex presidenta de Gescartera, y de la presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Pilar Valiente- han sido mayores que los penales. El dueño de Gescartera, Antonio Camacho, cuenta los días para salir de la cárcel tras haber agotado el máximo previsto en la ley en prisión preventiva. Los peritos han analizado desde julio de 2001 los ficheros de 35 ordenadores incautados en la sede central de Gescartera. Su radiografía final, cuyo contenido ha conocido EL PAÍS, muestra un engranaje tan complejo que relativiza el papel de Camacho, tanto por las múltiples complicidades necesarias entre los clientes de Gescartera (unos porque sufrían pérdidas inmerecidas, otros porque recibían ganancias injustificadas), como por el hecho de que los desvíos de fondos detectados sólo explicarían un mínimo del dinero que falta en las arcas de su agencia de valores, según las reclamaciones de perjudicados ante la CNMV.
Gescartera atribuyó pérdidas a determinados clientes para que pudieran defraudar a Hacienda
La documentación incautada por la policía no justifica el destino de 42 millones de euros
El dueño de Gescartera y sus dos principales colaboradores sacaron 16 millones de euros
"Los fondos de clientes se iban autodestruyendo por falta de nuevos ingresos del exterior"
Los peritos descifran tras dos años de trabajo los archivos de 35 ordenadores de la agencia
"Se otorgaron ganancias a clientes que no habían realizado operaciones"
Camacho se adueñó supuestamente de siete millones de euros. Sus lugartenientes Javier Sierra de la Flor y José María Ruiz de la Serna doblaron tales "apropiaciones directas". En total, 16 millones de euros. Estos desvíos explican sólo una parte mínima del agujero de 87 millones, de los que Hacienda ignora aún todo sobre el destino de 42,7 millones.
Apropiaciones aparte, otros 29 millones de euros se quemaron en lo que los peritos denominan "pérdida estructural", denominación que engloba el sistema de artificiales ganancias y pérdidas sobre el que descansaba la mecánica fraudulenta de Gescartera. Una farsa necesitada de muchos actores y de muchos testaferros, que el informe detalla mediante los siguientes pasos:
- Gescartera compraba y vendía a la misma hora un número de valores de una misma empresa. Esa operación la hacía dos veces al día. No perdía ni ganaba nada.
- Se cruzaban los resultados (la venta más cara con la compra más barata y viceversa) con un fin: "Que unos clientes ganaran lo mismo que otros perdían, y además, se podía elegir quién iba a ganar. Una vez realizadas las operaciones, sólo hacía falta conocer los dos tipos de cambio para, en ese momento, señalar como titulares de ganancias a quienes vendieron alto y compraron bajo, y como titulares de pérdidas a quienes compraron alto y vendieron bajo". Los peritos de Hacienda diagnostican que esta viciada operativa fue "la más importante forma de actuar de Gescartera en renta variable entre 1995 y 2001".
Todo calculado. "Normalmente, esas operaciones de ida y vuelta se caracterizaban, además, porque la pérdida se imputaba a un número muy reducido de testaferros. La pérdida era una imputación meramente formal, ya que no hacía frente a la pérdida con su patrimonio, y esto tenía que sufragarse con recursos aportados por Gescartera". Esto tenía su coste: "Lo perdido por los testaferros generaba una ganancia en el resto de los clientes, pero como no se había producido ganancia real procedente del exterior y los testaferros no tenían fondos propios para pagar su pérdida, el dinero a transferir a las ganancias lo aportaba la propia Gescartera". Mediante esta operativa, los saldos de los clientes que no eran testaferros aumentaban progresivamente, en la medida que representaban la aportación que efectuaron más las ganancias producidas. Esta ficción, según la investigación, conducía al suicidio: "Los fondos de los clientes se iban autodestruyendo, ya que sin ingresos del exterior la sola minoración originada por las comisiones y gastos de custodia derivados de estas operaciones ya ocasionaba una reducción progresiva del fondo común, que junto con las retiradas de fondos que pudieran producirse acabarían con todos lor recursos, salvo que se produjeran nuevas aportaciones. De hecho, si la situación se mantuvo fue porque hasta el 30 de junio de 2001 hubo nuevas aportaciones". Las falsas ganancias eran la mejor tarjeta de visita para captar clientes y fondos. Gescartera parecía una agencia sumamente activa sin mover casi dinero. Con un coste mínimo, ya que las pérdidas eran irreales, se generaban expectativas favorables a los clientes, que prácticamente siempre ganaban. El manejo del fondo común permitía destinar "un amplio porcentaje" a destinos irregulares. Para tal labor, se usó una legión de extras.
El informe identifica a 42 "testaferros puros" que, a cambio de una recompensa mensual, figuraban como sempiternos perdedores en Bolsa. A la cabeza de ellos estaba el cura Teodoro Bonilla.
Otros actores de este fraude eran los "testaferros fiscales". Gescartera les imputaba unas falsas pérdidas para beneficiarles de cara a su declaración fiscal, pero, a diferencia de los testaferros puros, les reintegraba a escondidas lo oficialmente quemado en la Bolsa. El informe cita como padrino de estos clientes a Carlos Ortín Barron.
La otra cara de la moneda eran clientes a los que se imputaban unas ganancias extraordinarias en relación con la inversión realizada para permitir posteriormente que ese lucro se perdiera en beneficio de la mayoría de los clientes, mediante actuaciones de testaferros.
Finalmente, existían unos pocos clientes beneficiados por Camacho que obtenían unas ganancias extraordinarias. Era un sistema de enriquecimiento gratuito por el que se generaban "ganancias atribuidas a clientes sin realizar operaciones, ganancias de elevadísima rentabilidad y en un plazo muy breve, pagos sistemáticos a clientes a los que quizá se quería beneficiar en pago de servicios o como participación en la actividad irregular de Gescartera".