El Tribunal de Cuentas no aclara en el Parlamento las consecuencias de las múltiples deficiencias del Consorcio

El Tribunal Vasco de Cuentas no aclaró ayer en el Parlamento las consecuencias prácticas de las múltiples deficiencias que ha descubierto en el Consorcio vizcaíno de Aguas. La comparecencia para explicar el informe sobre la gestión de la entidad entre 1997 y 2001 no sirvió para saber si, por ejemplo, se debe devolver el IVA de la tasa de saneamiento o si los estatutos del Consorcio están registrados.

La explicación del controvertido informe, que ha confirmado desvíos desde 1981 de más de 115 millones de euros del Plan de Saneamiento, la ilegalidad de los negocios en el extranjero o la a...

El Tribunal Vasco de Cuentas no aclaró ayer en el Parlamento las consecuencias prácticas de las múltiples deficiencias que ha descubierto en el Consorcio vizcaíno de Aguas. La comparecencia para explicar el informe sobre la gestión de la entidad entre 1997 y 2001 no sirvió para saber si, por ejemplo, se debe devolver el IVA de la tasa de saneamiento o si los estatutos del Consorcio están registrados.

La explicación del controvertido informe, que ha confirmado desvíos desde 1981 de más de 115 millones de euros del Plan de Saneamiento, la ilegalidad de los negocios en el extranjero o la adjudicación de contratos sin informes, apenas aportó novedades. La exposición no corrió a cargo de la presidenta del Tribunal, María Asunción Macho, quien, como hizo en la elaboración del informe, se inhibió al ser directivo del Consorcio un hijo suyo.

El informe fue expuesto por el vicepresidente Jesús Álvarez, quien además es uno de los dos consejeros que votó en contra. Álvarez pidió que la mayoría de las preguntas de la oposición se le remitieran por escrito para que fueran respondidas por el pleno del órgano y "evitar subjetividades". En sus contestaciones se limitó a leer lo que ya dice el informe.

El vicepresidente estuvo acompañado por el auditor jefe, Miguel Ángel Astiz, quien ante varias preguntas argumentó más basándose en los votos particulares contrarios al informe (presentados por consejeros elegidos por PNV y EA) que sobre el estudio en sí. El presidente de la comisión, el peneuvista Juan María Juaristi, tuvo que reprender al parlamentario de su grupo Mikel Arraibi, quien en su intervención empezó a defender al Consorcio leyendo sus alegaciones en vez de plantear aclaraciones a los miembros del Tribunal de Cuentas.

La socialista Pilar Unzalu opinó que una ley autonómica habría evitado las deficiencias y el popular Antón Damborenea dijo que el informe reproduce las anomalías descubiertas hace ya diez años.