El proyecto de Estatutos de la UPV subraya su autonomía y el bilingüismo

Las diferencias y enfrentamientos con el Gobierno vasco sobre el alcance del principio de autonomía universitaria y la preocupación ante las sombras que la Ley Orgánica de Universidades (LOU) extiende en el proceso de euskaldunización se perciben en el proyecto final de nuevos Estatutos de la UPV, que se presentará para su debate y aprobación en el claustro del 8 de abril. Los redactores del texto, cuya modificación pretende adaptar el documento que regula la actividad y funcionamiento de la universidad pública a las exigencias de la LOU, han ampliado y reforzado las referencias a estas dos cu...

Las diferencias y enfrentamientos con el Gobierno vasco sobre el alcance del principio de autonomía universitaria y la preocupación ante las sombras que la Ley Orgánica de Universidades (LOU) extiende en el proceso de euskaldunización se perciben en el proyecto final de nuevos Estatutos de la UPV, que se presentará para su debate y aprobación en el claustro del 8 de abril. Los redactores del texto, cuya modificación pretende adaptar el documento que regula la actividad y funcionamiento de la universidad pública a las exigencias de la LOU, han ampliado y reforzado las referencias a estas dos cuestiones que ya se recogían en los Estatutos vigentes, que datan de marzo de 1985.

La autonomía universitaria figura de forma sucinta en el artículo 4 del texto anterior a la LOU. Tan sólo se dice que sus manifestaciones son "estos Estatutos y sus normas de desarrollo, el gobierno universitario, la organización de la docencia, el estudio y la investigación, y la gestión financiera y administrativa". El proyecto recién concluido desarrolla este principio con mayor profusión. Así, afirma que la autonomía "garantiza la capacidad autonormativa y de autoorganización", que desglosa en diez puntos. Añade que la UPV, "en su calidad de Administración Pública y dentro de la esfera de sus competencias, ostentará las prerrogativas y potestades propias de ésta", detalladas en siete apartados. Entre éstos se encuentra "la presunción de legitimidad y la ejecutividad de sus actos", lo que sobrevoló en la crisis abierta con por el déficit de la UPV y el pago de los complementos de productividad al profesorado.

Complementos

Dichos complementos también tienen su plasmación en el proyecto estatutario. El artículo 56 apunta que "el Consejo Social, a propuesta del Consejo de Gobierno, podrá acordar la asignación singular e individual de aquellas retribuciones adicionales establecidas por la comunidad autónoma, ligadas a méritos individuales docentes, investigadores y de gestión". El 57 agrega que "sin perjuicio de lo anterior, el Consejo de Gobierno podrá determinar asignaciones que procedan con arreglo a los programas de incentivo establecidos para el personal docente e investigador".

Respecto al bilingüismo, el artículo 3, que detalla los fines de la universidad, incluye de forma expresa "la contribución al desarrollo y a la normalización del euskera desde su ámbito de actuación", lo que no se especifica en el actual. Recalca en el artículo 7 y amplía en el Título Cuarto, dedicado al uso de las lenguas oficiales, el derecho a recibir e impartir la docencia en castellano y euskera. Ante los problemas que pueden surgir para hacer efectivo este fin por el sistema de habilitación nacional del profesorado que define la LOU, el artículo 165 indica que "la UPV garantizará el uso del euskera en las pruebas de oposición de funcionarios públicos" y que el Consejo de Gobierno determinará "las plazas para las que es preceptivo el conocimiento de ambas lenguas".

No son éstas las únicas novedades de un proyecto que ha crecido de los 261 artículos actuales hasta 331. Bajo la guía de la normativa general impulsada por la ministra Pilar del Castillo, el documento recoge el nuevo sistema para designar al rector, que será votado por la comunidad universitaria mediante elección directa y sufragio universal, libre y secreto, y no por el claustro como ocurría hasta ahora. El claustro es otro de los órganos de gobierno que también registra modificaciones por efecto de la LOU. La composición del máximo órgano de representación de la comunidad universitaria varía. La representación de los docentes, en sus diferentes categorías, se eleva de un 60% a un 66% , mientras la de los estudiantes baja de un 28 a un 23% y la del Personal de Administración y Servicios, de un 12 a un 11%.

El texto señala en su Disposición Transitoria Tercera, que con la entrada en vigor de estos Estatutos finaliza el mandato del actual rector, quien permanecerá en funciones hasta la toma de posesión del nuevo. El calendario del proceso electoral dependerá de la decisión del Consejo de Gobierno. En todo caso, el cierre definitivo del censo electoral se realizará con fecha de 14 de noviembre de 2003 y la votación, durante la primera quincena del mes de diciembre. En idéntica fecha se celebrarán las elecciones para la renovación del claustro, donde se elegirán a los correspondientes miembros del Consejo de Gobierno.

El influjo de la nueva ley de la educación superior queda patente en la creación de la figura del Defensor Universitario, Aldezle, definida en cuatro artículos, del 105 al 109.

El mayor relieve de las relaciones con la sociedad y la empresa o la atención específica a los alumnos discapacitados forman parte también de las modificaciones incluidas en los futuros Estatutos.