Un empresario, absuelto de contratar a dos inmigrantes sin papeles al no haber explotación laboral
Una juez de Lleida ha absuelto a un empresario leridano que contrató de forma irregular a dos inmigrantes indocumentados al considerar que dicha conducta no es delictiva si no implica la explotación del trabajador. La fiscalía había solicitado para el acusado una pena de 18 meses de prisión por un presunto delito social.
La sentencia de la titular del Juzgado de lo Penal número 2 de Lleida, de la que informó ayer el diario Segre, considera como hecho probado que un empresario dedicado a la construcción contrató a dos hermanos de nacionalidad ecuatoriana y no les afilió a la Segur...
Una juez de Lleida ha absuelto a un empresario leridano que contrató de forma irregular a dos inmigrantes indocumentados al considerar que dicha conducta no es delictiva si no implica la explotación del trabajador. La fiscalía había solicitado para el acusado una pena de 18 meses de prisión por un presunto delito social.
La sentencia de la titular del Juzgado de lo Penal número 2 de Lleida, de la que informó ayer el diario Segre, considera como hecho probado que un empresario dedicado a la construcción contrató a dos hermanos de nacionalidad ecuatoriana y no les afilió a la Seguridad Social porque se encontraban en España en situación irregular por carecer de los preceptivos permisos de trabajo y de residencia.
La magistrada entiende que la actuación del acusado no puede ser castigada penalmente, aunque cabe la sanción administrativa, porque no está demostrado que se aprovechara de la situación personal de los trabajadores para explotarles. La juez estima en su sentencia que aunque el derecho administrativo considera un hecho grave utilizar trabajadores extranjeros sin papeles, en el ámbito penal son necesarias determinadas condiciones que "perjudiquen, supriman o restrinjan" los derechos que tengan reconocidos por ley, convenio colectivo o contrato.
En este caso, el empresario les hizo un contrato y cumplió con las condiciones laborales y económicas pactadas entre las dos partes. Además, intentó, sin éxito, tramitar los papeles de los dos ecuatorianos para que pudieran regularizar su situación en España.
El problema surgió cuando éstos discreparon de la cantidad que debían cobrar por una obra realizada en Mollerussa y denunciaron al empresario. Ellos reclamaban 3.000 euros y el acusado les extendió un talón por importe de sólo 344 euros, que tampoco pudieron cobrar por falta de fondos. Sin embargo, durante el juicio, celebrado hace unas semanas, el contratista se comprometió ante la magistrada a pagar la deuda.