Los rectores reclaman un 1,5% del PIB para el sistema universitario
Una CRUE valenciana coordina a las universidades
La financiación de la enseñanza superior y de la investigación está "cinco veces por debajo" del nivel medio de la Unión Europea, pese a que se camina hacia un espacio universitario común en 2005. Esa situación y la complejidad para aplicar una Ley de Universidades que "no resuelve problemas", pero "impone unos costes inasequibles" han acelerado la constitución de una plataforma desde la que los rectores valencianos se coordinarán a la manera de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE). Esa plataforma exigió ayer al Consell que invierta el 1,5% del PIB regional.
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La financiación de la enseñanza superior y de la investigación está "cinco veces por debajo" del nivel medio de la Unión Europea, pese a que se camina hacia un espacio universitario común en 2005. Esa situación y la complejidad para aplicar una Ley de Universidades que "no resuelve problemas", pero "impone unos costes inasequibles" han acelerado la constitución de una plataforma desde la que los rectores valencianos se coordinarán a la manera de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE). Esa plataforma exigió ayer al Consell que invierta el 1,5% del PIB regional.
Los rectores de las cinco universidades públicas valencianas dieron luz verde ayer al "acta de nacimiento oficial de la Conferencia de Rectores de las Universidades Públicas Valencianas (CRUPV)". Una plataforma desde la que ratificaron su voluntad de "coordinar" las respectivas políticas de sus universidades con una óptica común, consensuada, que identifique problemas y evite la falsa competencia entre campus.
Con todo, la CRUPV -inspirada en el modelo diseñado ya por las universidades catalanas, aunque no se haya oficializado aún- se propone inyectar eficacia a la gestión universitaria y erigirse en "interlocutora" con una voz común "ante las autoridades y la sociedad", puntualizó ayer el rector de la Universitat de València, Francisco Tomás, en la conferencia de prensa realizada tras una sesión de trabajo a la que acudieron los rectores Salvador Ordóñez, de Alicante; Francisco Toledo, de la Jaume I de Castellón; y Jesús Rodríguez Marín, de la Miguel Hernández de Elche.
El primer problema por el que atraviesa el sistema público valenciano es de índole económica: el vencimiento del Plan Plurianual de Financiación (PPF), que caduca este año, y el de Inversiones; con el problema añadido del sobrecoste impuesto por el nuevo modelo de contratación establecido en la Ley Orgánica de Universidades (LOU) y en el decreto valenciano que "fija los complementos retributivos y sus cuantías".
Ante la política de la Dirección General de Universidades, que aún no ha presentado el mapa de titulaciones que tendrá el sistema, los rectores llegaron ayer con los deberes hechos. Esto es, la identificación de problemas "inaplazables" como es el fijar unas pautas para el acceso a las universidades, y, sobre todo, la "urgencia" de que el Consell "aborde ya la reforma de edificios universitarios que están en muy mal estado" y no pueden esperar a otro plan de inversiones. Tanto el rector Toledo como Ordóñez subrayaron la clara vocación "convergente" con que nace esta plataforma.
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