El PSOE denuncia que 60 empresas públicas tienen un desfase patrimonial
Un buen número de empresas estatales debieran haberse disuelto o haber reducido su capital en cumplimiento de la Ley de Sociedades Anónimas y de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, que obligan a estas acciones cuando se produce un desequilibrio patrimonial, esto es, la resultante de la diferencia entre los patrimonios netos y el capital social de las empresas.
Ésta es la conclusión del PSOE después de conocer la fiscalización del Tribunal de Cuentas de las empresas estatales, unas dependientes de la Dirección General del Patrimonio del Estado y otras de la Sociedad Estatal...
Un buen número de empresas estatales debieran haberse disuelto o haber reducido su capital en cumplimiento de la Ley de Sociedades Anónimas y de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, que obligan a estas acciones cuando se produce un desequilibrio patrimonial, esto es, la resultante de la diferencia entre los patrimonios netos y el capital social de las empresas.
Ésta es la conclusión del PSOE después de conocer la fiscalización del Tribunal de Cuentas de las empresas estatales, unas dependientes de la Dirección General del Patrimonio del Estado y otras de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), correspondiente a la fiscalización de los ejercicios 1998, 1999 y 2000. El desequilibrio patrimonial ascendería a 4.378 millones de euros. La portavoz socialista en la comisión parlamentaria del Tribunal de Cuentas, María Teresa Costa, denunció ayer esta situación y anunció que su grupo daría todos los pasos para que estos informes, como es preceptivo, se estudien en el Congreso al constatar que "el PP dilata estas discusiones y hay muchos informes todavía a la espera de debatir".
Dos denuncias concretas desgranó ayer esta dirigente socialista sobre las que interpelará a los responsables de la SEPI. En primer lugar, el Tribunal de Cuentas fija en 719 millones de euros de diferencia entre los patrimonios netos y el capital social a las entidades dependientes de SEPI, y 3.645 a las dependientes de Patrimonio del Estado, entre ellas Rumasa.
Por este hecho, 60 empresas incurrieron en los supuestos de disolución o reducción de capital. La siguiente denuncia de María Teresa Costa hace referencia al incumplimiento de las empresas de exteriorizar los planes de pensiones por valor de 1.875 millones de euros. De esta situación, Costa extrae dos conclusiones: ocultación de déficit público e inseguridad para los trabajadores por el futuro de estos fondos.
Rumasa, a la cabeza
Si estos informes no se debaten en su lugar natural -la comisión mixta del Tribunal de Cuentas-, el PSOE presentará iniciativas en el pleno del Congreso, según señaló Costa. Esta diputada informó que Rumasa está a la cabeza en este desequilibrio patrimonial, seguida de Ensidesa, Babcok y Wilcox e Izar.
Nada más producirse la denuncia, el portavoz de Economía del Grupo Popular, Vicente Martínez Pujalte, compareció en el Congreso para negar cualquier atisbo de irregularidad en estas cuentas. Para empezar restó toda importancia a estos desequilibrios patrimoniales que "sufren las empresas públicas desde hace décadas".
Pero todo está ya corregido, aseguró Martínez Pujalte y la SEPI "ha regularizado" estos patrimonios y pronto se demostrará en el Congreso cuando se estudien los informes y comparezcan los representantes de la SEPI. Martínez Pujalte auguró que los socialistas se verán obligados a "pedir perdón".