La juez imputa a un alto cargo de Trabajo acusado de cobrar del empresario Pallerols

La magistrada que investiga el llamado caso Pallerols, de supuesta financiación irregular de Unió Democràtica a través de los cursos de formación otorgados por el Departamento de Trabajo de la Generalitat, ha citado a declarar como imputado a Josep Maria Carol Andreu. Desde hace tres años, Carol ocupa el cargo de director del Instituto para la Promoción y Formación de Cooperativas y ha sido citado a declarar porque aparece como receptor de pagos de Fidel Pallerols en una agenda manuscrita intervenida al empresario y que obra en posesión de la juez.

La citación de Carol c...

La magistrada que investiga el llamado caso Pallerols, de supuesta financiación irregular de Unió Democràtica a través de los cursos de formación otorgados por el Departamento de Trabajo de la Generalitat, ha citado a declarar como imputado a Josep Maria Carol Andreu. Desde hace tres años, Carol ocupa el cargo de director del Instituto para la Promoción y Formación de Cooperativas y ha sido citado a declarar porque aparece como receptor de pagos de Fidel Pallerols en una agenda manuscrita intervenida al empresario y que obra en posesión de la juez.

La citación de Carol como imputado ya había sido reclamada por el fiscal del caso el pasado 27 de junio, e incluso fue llamado por la juez para prestar declaración en el mes de septiembre, cuando las diligencias estaban bajo secreto de sumario. Sin embargo, la citación nunca pudo materializarse por un error en la identificación de Carol, al que se aludía como Querol en el escrito del fiscal y de la magistrada.

El error ha sido subsanado y ahora la juez ha citado de nuevo a Josep Maria Carol Andreu en calidad de imputado. La razón de su imputación es que aparece como receptor de pagos de Fidel Pallerols en una agenda manuscrita intervenida al empresario. EL PAÍS intentó ayer, sin éxito, conocer la versión del imputado, pero el servicio de prensa del Departamento de Trabajo, Industria, Comercio y Turismo no respondió a la petición.

La declaración ha sido fijada para el próximo 29 de enero. Ese mismo día también ha sido citado a declarar el representante legal de la organización Unió Seniors, una rama juvenil del partido. Además, la magistrada Silvia Mejía López, titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona, ha remitido una nueva comisión rogatoria a Andorra para tomar declaración a un familiar y una empleada de Fidel Pallerols. La justicia ha intentado en los últimos meses que se cursasen estas declaraciones, pero los afectados han alegado siempre problemas de salud para no acudir a los juzgados de Barcelona.

Carol es el primer cargo del Departamento de Trabajo que es inculpado en el caso y ocupa el cargo de director del Instituto para la Promoción y Formación de Cooperativas desde el 8 de febrero de 2000. En el caso están imputados desde hace meses tres ex altos cargos del Departamento de Trabajo. Se trata de Lluís Gavaldà, que fue director general de Empleo de la Generalitat, y los ex subdirectores Juan Martín Toribio y Dolors Llorens. En la relación de inculpados en esta investigación figura también Vicenç Gavaldà, hermano de Lluís, que fue secretario de organización del partido democristiano.

En su auto de imputación la juez alude a Carol como "miembro de UDC" y recuerda que su inclusión en esa agenda manuscrita precede a otras anotaciones de pagos realizados por Pallerols a Josep Gascón, Albert Colomer y Susanna Díaz. Los tres trabajaron para Pallerols hace años y por ese motivo declararon en calidad de testigos ante la magistrada. Gascón, que es concejal de CiU en el Ayuntamiento de Barcelona, declaró que cobró de una empresa de Pallerols sin trabajar, y Susanna Díaz, ex vicepresidenta de UDC en Barcelona, relató que el líder de este partido, Josep Antoni Duran Lleida, le dijo en una ocasión: "Lo que cobras de Pallerols es para que trabajes para mí".

Esa declaración de Susanna Díaz motivó la presentación de una querella por el partido democristiano que ni siquiera fue admitida a trámite. Meses después, el fiscal aseguraría en un escrito que esa querella sólo pretendía intimidar a los testigos, lo que provocó una queja de Duran Lleida ante el fiscal general del Estado.

La juez considera que los inculpados pudieron cometer los presuntos delitos de fraude de subvenciones, prevaricación, malversación, cohecho, falsedad documental y tráfico de influencias. La magistrada ha afirmado en algún auto que el 10% de las subvenciones que estuvo recibiendo Pallerols durante varios años del Departamento de Trabajo sirvieron para financiar a Unió.