El consejero rechazó que el regidor declare por escrito

El representante legal del PSOE, Mariano Benítez de Lugo, se ratificó ayer en la demanda planteada en mayo de de 2000 contra José María Álvarez del Manzano por el uso de su cuenta restringida entre 1992 y 2000. Pidió como prueba el interrogatorio del alcalde y el testimonio de su esposa, Eulalia Miró; de su jefe de gabinete, Joaquín Moreno; de su costurera, Mercedes Rodríguez Cordón (perceptora de 27 donativos por más de 2.600 euros) y de su secretaria particular, María Dolores Herranz, quien firmó decenas de pagos con cargo a su cuenta restringida en los que no constaba el destinatario de los...

El representante legal del PSOE, Mariano Benítez de Lugo, se ratificó ayer en la demanda planteada en mayo de de 2000 contra José María Álvarez del Manzano por el uso de su cuenta restringida entre 1992 y 2000. Pidió como prueba el interrogatorio del alcalde y el testimonio de su esposa, Eulalia Miró; de su jefe de gabinete, Joaquín Moreno; de su costurera, Mercedes Rodríguez Cordón (perceptora de 27 donativos por más de 2.600 euros) y de su secretaria particular, María Dolores Herranz, quien firmó decenas de pagos con cargo a su cuenta restringida en los que no constaba el destinatario de los mismos por un monto de más 17.000 euros.

El fiscal sólo solicitó que con vistas al juicio se incorpore la documentación que obra ya en poder del Tribunal de Cuentas. El defensor del regidor planteó que el alcalde fuese interrogado por escrito, al ser autoridad pública, a lo que se opuso Benítez de Lugo, quien indicó que no reunía las condiciones que exige para tal fórmula al estar demandado a título personal.

El consejero de Cuentas que presidió esta audiencia, Felipe García Ortiz, proclamó la posición definitiva: el interrogatorio del alcalde no se realizará por escrito, sino en persona ante este tribunal.

El consejero admitió el resto de pruebas solicitadas por el PSOE, excepto la del jefe de gabinete, por entender que no podría ser considerado testigo ya que el fiscal lo considera parte del caso, lo que motivó la protesta del representante legal del alcalde.

Aunque el PSOE planteó en su demanda que el gasto irregular podría superar los 180.000 euros, dejaba en manos del tribunal que investigase si el resto, hasta 400.000 euros, había sido utilizado conforme a la ley. Pero el fiscal se mostró contrario a que este órgano realice una fiscalización de todo el gasto de la cuenta restringida durante el mandato de Álvarez del Manzano.