Sueños rotos por un agente urbanizador

Se sienten indefensos, no entienden qué pasa y están preocupados al ver peligrar la propiedad de sus casas. "Toda la vida soñando poder jubilarte en la costa valenciana, inviertes todos tus ahorros en la compra de una casa y una parcela, y ahora amenazan con expropiar tu propiedad si no pagas", resumió la situación Tonny Cabban, vicepresidente de la asociación Abusos Urbanísticos, No, constituida esta semana en Xàbia (Marina Alta).

Los primeros en movilizarse han sido británicos, alemanes y canadienses, pero la aplicación de Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU) afecta a tod...

Se sienten indefensos, no entienden qué pasa y están preocupados al ver peligrar la propiedad de sus casas. "Toda la vida soñando poder jubilarte en la costa valenciana, inviertes todos tus ahorros en la compra de una casa y una parcela, y ahora amenazan con expropiar tu propiedad si no pagas", resumió la situación Tonny Cabban, vicepresidente de la asociación Abusos Urbanísticos, No, constituida esta semana en Xàbia (Marina Alta).

Los primeros en movilizarse han sido británicos, alemanes y canadienses, pero la aplicación de Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU) afecta a todos por igual. Según detalló un grupo de afectados, convocados por EL PAIS, los problemas surgen cuando un ayuntamiento aprueba un plan parcial que contempla una nueva urbanización. En algunos casos se trata de adecuar aceras, instalar luz o canalizar aguas fecales. El agente urbanizador, la empresa adjudicataria, exige una determinada cantidad de dinero al propietario afectado, al que amenaza con embargarle parte de la finca, y en caso de impago llegar a la expropiación forzosa. "¿Cómo vamos a pagar más con las casas hipotecadas?", se preguntó indignadoCarlos Barona, uno de los afectados por el Plan de Pinomar de Xàbia, "se supone que si el Ayuntamiento en su día concendió la cédula de habitabilidad, y pagamos impuestos todos los años es porque las casas reúnen condiciones aeducadas para vivir", agregó. A los propietarios de este grupo de 60 viviendas el Ayuntamiento les comunicó que iba a volver a urbanizar la zona, y que los pozos ciegos particulares debían sustituirse por una depuradora de aguas residuales común. "Quieren instalarla a pocos metros de un restaurante y cerca de las casas", agregó indignado Roger Ranger. La indignación de estos vecinos aumenta al conocer que deben pagar 27 euros por cada metro cuadrado de propiedad, y, sin embargo, en otras urbanizaciones cercanas, como Balcón al Mar, sólo pagarán 2,5 euros. Hans Speck, un residente alemán, no alcanza a entender lo que está pasando. Los afectados creen que "los ayuntamientos que autorizaron estas construcciones son los responsables de que ahora tengamos estas carencias, pero no debemos asumirlo nosotros, debe ser el Gobierno el que pague las obras de mejora", dijo Cabban.

Los propietarios responsabilizan a los ayuntamientos de su situación

El caso del matrimonio Leornard y Teresa Deacon es todavía más llamativo. La pareja británica compró su casa en 1993, pronto comprobaron que la vivienda no estaba declarada, iniciaron el proceso para actualizar y pagar los impuestos que estaban pendientes, y ahora cuando están al corriente de los pagos se ven afectados por el plan parcial Vista del Valle, aprobado por el Ayuntamiento de Teulada-Moraira. "Nos citaron unos abogados que representaban a la promotora y nos exigieron el pago del 3,5% del gasto total de este plan parcial". Leonard, de 72 años, aseguró ayer que esto comportaba pagar 112,75 euros por metro cuadrado, con sus 2.300 metros deberán pagar 265.000 euros (43 millones de pesetas). En la misma zona las tres casas vecinas han quedado fuera del plan parcial, y en consecuencia exentas del pago de esta desorbitada cifra. "Nos dijeron que si no pagábamos podríamos perder la propiedad de la casa", dijo indignada.

El colectivo de afectados por la aplicación de la LRAU exige "la suspensión inmediata de los artículos de la Ley que permiten cometer estos abusos urbanísticos, queremos domir tranquilos, que se solucione rápido y no sufrir por nuestras propiedades", resumió Tony Cabban, vicepresidente de la asociación Abusos Urbanísticos, No. El embajador del Reino Unido en Madrid, Peter Torry, mantuvo esta semana en Xàbia una reunión con quinientos afectados, y les aconsejó "asesoramiento legal" para hacer frente a la situación.

Mientras estos abusos urbanísticos se extienden, la prensa internacional empieza a lanzar la idea que no es seguro invertir en la costa valenciana. "Los británicos pueden perder sus casas de la costa al ser expropiadas", rezaba el titular del diario británico Daily Telegraph publicado el miércoles pasado.