Interiores europeos

El debate en torno a la Convención sobre el Futuro de Europa se está animando. Berlusconi y Aznar presentaron ayer en la capital italiana una propuesta común sobre la reforma de las instituciones comunitarias de cara a lo que habría de ser un nuevo Tratado de Roma, 46 años después del original, esta vez con carácter constitucional. Su propuesta consiste en crear la figura del presidente del Consejo, en lo que parece una forma de no quedarse al margen del nuevo ímpetu franco-alemán.

Junto a los enfoques generales, va cobrando dinámica propia el desarrollo de la Unión Europea como espacio...

El debate en torno a la Convención sobre el Futuro de Europa se está animando. Berlusconi y Aznar presentaron ayer en la capital italiana una propuesta común sobre la reforma de las instituciones comunitarias de cara a lo que habría de ser un nuevo Tratado de Roma, 46 años después del original, esta vez con carácter constitucional. Su propuesta consiste en crear la figura del presidente del Consejo, en lo que parece una forma de no quedarse al margen del nuevo ímpetu franco-alemán.

Junto a los enfoques generales, va cobrando dinámica propia el desarrollo de la Unión Europea como espacio judicial y de seguridad, y aparecen las propuestas concretas. España ha puesto sobre la mesa la idea de un Código Penal europeo único, o al menos de una equiparación de las penas en los Estados miembros, en particular para delitos como el narcotráfico, el abuso sexual de menores, el tráfico ilegal de seres humanos o los delitos medioambientales. Y Aznar y Berlusconi han coincidido en que Justicia e Interior se incluyan dentro de capítulo de cuestiones a decidir por mayoría cualificada.

Francia y Alemania, el eje recientemente revitalizado, proponen, por su parte, la creación de una fiscalía europea y convertir a Europol, hasta ahora centro de coordinación policial, en la "autoridad represiva europea". Todo ello refuerza el enfoque del Gobierno español, que plantea un paralelismo entre la construcción del mercado interior y la de este espacio que ha de constituir un entramado de derecho común. Pide, así, que la Europa judicial y policial se construya sobre la "mutua confianza", la "libre circulación de decisiones judiciales" y la cooperación, pero sólo aboga por una "gestión armonizada" del control de las fronteras exteriores. Éstas han dejado de ser un interés puramente nacional, especialmente ante una ampliación que llevará las fronteras de la Unión hasta países con elevados niveles de crimen organizado. No basta la mera coordinación para la lucha contra las mafias o el control de la inmigración ilegal, sino que requieren más integración.

Pero el enfoque puramente policial y judicial no basta. Si Europa quiere estabilizar la inmigración a medio y largo plazo deberá ampliar el concepto de su política de cohesión económica y social interna hacia sus vecinos. La UE no puede ser una isla de prosperidad rodeada por un mar de miseria. Ése es el gran reto para la Europa que ha de salir de la Constitución de 2003.