Zaragoza no aclara por qué firmó préstamos sin permiso previo del consejo de Mercalicante

Juan Zaragoza, concejal de Comercio, del PP, y vicepresidente de la empresa pública Mercalicante, no aclaró ayer en la comisión de investigación municipal por qué firmó, junto con el ex gerente, Emilio Clavero, préstamos sin la autorización previa de los órganos de control: consejo de administración y comisión ejecutiva, presididos por el alcalde, Luis Díaz Alperi. Zaragoza se limitó a defender la "legalidad" de las operaciones financieras, uno de los motivos del endeudamiento de la empresa y del supuesto desfalco de unos seis millones de euros que el juez imputa a Clavero.

La comisión ...

Juan Zaragoza, concejal de Comercio, del PP, y vicepresidente de la empresa pública Mercalicante, no aclaró ayer en la comisión de investigación municipal por qué firmó, junto con el ex gerente, Emilio Clavero, préstamos sin la autorización previa de los órganos de control: consejo de administración y comisión ejecutiva, presididos por el alcalde, Luis Díaz Alperi. Zaragoza se limitó a defender la "legalidad" de las operaciones financieras, uno de los motivos del endeudamiento de la empresa y del supuesto desfalco de unos seis millones de euros que el juez imputa a Clavero.

La comisión de investigación municipal que indaga las causas del agujero en Mercalicante centró ayer sus trabajos en las supuestas irregularidades descubiertas en la financianción adicional del plan de expansión que la empresa puso en marcha en 1998 a iniciativa del entonces gerente, Emilio Clavero. El proyecto recogía la construcción de naves frigoríficas, otras multiusos y un edificio sin una función determinada. La obras se presupuestaron en 3,6 millones de euros aunque su coste final se duplicó.

Mercalicante se vio forzada a recurrir a préstamos por más de 6,1 millones de euros para sufragar el sobrecoste. Dos de estos prestamos, de unos 2,4 millones de euros y gestionados con la Caixa de Cataluña, presentaban irregularidades, según denunció en la sesión anterior de la comisión el concejal del Grupo Mixto, Daniel Rodríguez Vicaria. Ambos créditos llevan la firma del ex gerente y el edil Zaragoza. Uno de ellos no costa que fuera autorizado por ningún órgano de control y otro fue refrendado tres meses después de su concesión.

Zaragoza defendió la legalidad de las operaciones en base a los estatutos de Mercalicante y los poderes otorgados al gerente. De esta forma, el gerente podía disponer, sin autorización previa, de hasta 90.000 euros para gestionar, entre otras cuestiones, pólizas hipotecarias. "Cuando las operaciones excedían esa cantidad era necesaria la firma del vicepresidente", dijo Zaragoza. "Yo lo hice por delegación del presidente del consejo, y por ausencia del vicepresidente primero", añadió. El concejal rechazó que "haya cometido alguna ilegalidad".

No obstante, Zaragoza no aclaró las distintas fórmulas para tramitar los créditos. Hasta en tres ocasiones le formuló esa cuestión el representante del Grupo Mixto, y en los tres casos el vicepresidente de Mercalicante estuvo confuso. "No hay que olvidar la gran credibilidad de la que en aquellos momentos gozaba Clavero ante todos los miembros del consejo", explicó, "Además en muchos casos era para pagar certificaciones de obras, que contaban con el visto bueno de los técnicos de Mercasa", dijo. En otros casos Zaragoza apeló a la "urgencia" de los créditos: "En una ocasión, en la caja de Mercalicante sólo había seis euros".

Zaragoza se escudó en la "habilidad" del ex gerente para maquillar los balances. "No hay que olvidar que el ex gerente nos enganó. En cuanto tuvimos conocimiento de sus conductas irregulares lo despedimos y luego no querellamos", aseveró. El concejal del PP rechazó que despachara habitualmente con Clavero y que participara en la contratación de personal de Mercaliante. Una hija de Zaragoza trabajó inicialmente en la entidad y, más tarde, en una de las cuatro firmas en las que supuestamente se apoyó Clavero para realizar el desfalco. Mercalicante también se ha querellado contra los representantes legales de esas empresas.

Grupo de trabajo

En la reunión de ayer de la comisión también compareció José María Rodríguez Galant, concejal de Empleo, del PP, e igualmente miembro del consejo y de la comisión ejecutiva de Mercalicante. Rodríguez Galant era, además, el encargado de supervisar otro de los proyecto del plan de expansión, un sistema de mercado electrónico. La iniciativa resultó frustrada y plagada de irregularidades, según la auditoría que destapó la trama del ex gerente.

Rodríguez Galant admitió que se constituyó un grupo de trabajo para seguir el proyecto de mercado electrónico "Aunque el grupo no existía como tal y por ello nunca emitió ningún informe sobre el desarrollo de los trabajos", explicó. También reconoció que no tuvo conocimiento de que el ex gerente contrató el proyecto con la firma Tenos -unas de las cuatro incluidas en la querella-.

Rodríguez Galant, al igual que su compañero Zaragoza, defendió la actuación del consejo y de la comisión ejecutiva: "Se ha actuado conforme a la ley y no se ha tomado ninguna decisión que haya llevado a la empresa al quebranto económico", concluyó.