Los jóvenes podrán desgravar el 5% del alquiler de la vivienda

La deducción en el alquiler de vivienda será del 5% en la cuota del IRPF del alquiler pagado por el piso, siempre que la base imponible no supere los 20.000 euros. Para los casos de tributación conjunta, el tope será de 30.000 euros. Las deducciones entrarán en vigor el año próximo y corresponderán al tramo autonómico del IRPF, que representa el 33% de este impuesto. Las medidas fueron anunciadas ayer por el conseller en cap y próximo candidato a la presidencia por CiU, Artur Mas, y el consejero de Economía y Finanzas, Francesc Homs, tras la aprobación de la Ley de Acompañamiento de los...

La deducción en el alquiler de vivienda será del 5% en la cuota del IRPF del alquiler pagado por el piso, siempre que la base imponible no supere los 20.000 euros. Para los casos de tributación conjunta, el tope será de 30.000 euros. Las deducciones entrarán en vigor el año próximo y corresponderán al tramo autonómico del IRPF, que representa el 33% de este impuesto. Las medidas fueron anunciadas ayer por el conseller en cap y próximo candidato a la presidencia por CiU, Artur Mas, y el consejero de Economía y Finanzas, Francesc Homs, tras la aprobación de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos por el Consell Executiu.

Otra de las novedades fiscales anunciadas es una deducción adicional en el IRPF por la compra de la vivienda habitual, de la que podrán beneficiarse personas menores de 32 años, discapacitados y familias numerosas. En este caso, el Gobierno catalán ha decidido incrementar en un 40% la deducción por vivienda en el tramo autonómico del IRPF. Ello supone que en Cataluña habrá una deducción adicional para los colectivos señalados sobre la que ya existe en el resto del país.

Esta deducción será del 16,98% para la compra al contado. En el caso de compra mediante financiación, las deducciones serán de entre el 25% y el 28,3% durante los dos primeros años, y entre el 20% y el 22,64% en adelante, siempre con un tope de 9.000 euros. Un experto fiscal consultado estimó ayer que la deducción adicional en Cataluña supondrá, en el caso más favorable, unos 204,3 euros sobre la deducción que ya existía.

En el caso de las viviendas de segunda mano se ha aprobado además rebajar del 7% al 5% el impuesto de transmisiones patrimoniales. La condición para acogerse a esta rebaja fiscal es ser menor de 32 años o formar parte de una familia numerosa con ingresos inferiores a 30.000 euros.

Año electoral

Este paquete de medidas fiscales aprobado ayer es el más importante decidido por el Ejecutivo catalán, que tiene competencias en la gestión de una parte del IRPF. Las medidas se aplicarán en un año en el que está previsto que se celebren elecciones autonómicas.

El Gobierno autónomo ha aprovechado la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de 2003 para introducir estas novedades, cuyo objetivo es favorecer a las familias numerosas y a los jóvenes, según dijo ayer Artur Mas. El consejero no cocretó el coste fiscal de estas medidas.

El Gobierno catalán presentará hoy ante el Parlament el proyecto de Presupuestos de la Generalitat para el año próximo. Lo que sí avanzó el consejero de Economía es que las cuentas de la Generalitat para el año próximo volverán a tener un ligero superávit, cuya cuantía se conocerá hoy. El presupuesto del año que viene será expansivo, ya que los ingresos y los gastos crecerán el 8,4%, por encima del crecimiento nominal de la economía, estimado en el 5,8%. El Parlament empezará a debatir el presupuesto en la última semana de noviembre. El Gobierno cuenta con el apoyo inicial del Partido Popular para sacar adelante el presupuesto.

Las medidas fiscales aprobadas ayer se suman a las que desde el Gobierno catalán se habían anunciado en los últimos días. Entre ellas destacan la bonificación fiscal de las donaciones de padres a hijos para la compra de vivienda y el aumento del mínimo exento para tributar en el impuesto de patrimonio para discapacitados y jóvenes. En el caso de las donaciones, los padres podrán desgravar de su renta el 1% de la donación al hijo. Además, éste no tendrá que pagar impuesto de donaciones por el 80% de la ayuda recibida, siempre que su base de tributación no supere los 30.000 euros. Se fija un importe máximo de la donación o donaciones sucesivas de 18.000 euros y de 36.000 si el beneficiario es minusválido. Actualmente, las donaciones están gravadas con un impuesto que oscila entre el 7,% y el 40% de lo donado.

El conseller en cap, Artur Mas, y el consejero de Economía, Francesc Homs, destacaron la 'mentalidad social' de estas deducciones y el hecho de que el departamento que más crece es el de Bienestar Social y Familia, con un incremento del 22%.

Ayudas a las ONG

Las medidas aprobadas ayer por el Gobierno catalán también incluyen ayudas a las organizaciones no gubernamentales. La principal medida consiste en que la Administración catalana ha decidido reservar el 20% de una parte de los contratos de todos sus departamentos, unos nueve millones de euros, para destinarlos a subvenciones plurianuales de hasta tres años a entidades sociales sin ánimo de lucro o centros de inserción laboral de disminuidos.

De esta forma, la Generalitat se convertirá en la primera Administración española en establecer, a partir de enero, convocatorias de subvenciones de este tipo cuando hasta ahora las ONG debían presentarse a concursos anuales.

La Generalitat creará la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo (ACCD), que tendrá un presupuesto de 24,5 millones de euros, lo cual supone un incremento del 14% respecto al dinero destinado a este fin por el Ejecutivo catalán en 2002. Los recursos de la agencia se destinarán a actividades de cooperación al desarrollo.

Para reforzar las medidas de control fiscal, las empresas dedicadas a subastas deberán entregar periódicamente a la Hacienda de la Generalitat una lista de todas las operaciones con sus clientes. La lista también incluirá a los vendedores y deberá contener las cantidades por las que se hacen las transacciones. También se exigirá información sobre las ventas de las estaciones de carburantes. Pero la Generalitat no ha dicho aún si aplicará el recargo de un céntimo de euro por litro sobre los carburantes que le permite la normativa.

La Ley de Acompañamiento incluye otras medidas ya anunciadas, como un complemento a las pensiones de viudedad más bajas, para lo cual se prevé una partida de 30 millones de euros el año próximo. No está decidido qué pensionistas tendrán derecho a esta ayuda, aunque la intención es que la reciban quienes cobran prestaciones de entre 240,4 euros y 300,5 euros mensuales. El objetivo es que quienes perciben pensiones de viudedad bajas cobren unos 24 euros al mes de complemento (véase EL PAÍS del pasado 7 de noviembre). La ayuda no estará disponible, sin embargo, a partir de enero, ya que primero habrá que realizar un registro de solicitudes y determinar si tienen derecho a la ayuda.

Rifirrafe con Zaplana

Artur Mas replicó ayer al ministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, y aseguró que la ayuda a las pensiones de viudedad no plantea un problema de competencias con el Ejecutivo central, sino que es una medida que tiene una 'base ética' y de 'justicia social'. 'Nosotros no pretendemos sustituir al Gobierno central en el pago de las pensiones, sino que sólo pretendemos dar un dinero a personas que cobran unas pensiones bajas y que lo pasan mal'.

Zaplana había manifestado la víspera que el complemento de pensiones del Gobierno catalán sólo pretende 'hacer ruido'. Mas señaló que el Gobierno de la Generalitat no tiene competencia en materia de pensiones, pero insistió en que no interfiere en la competencia estatal.

El Gobierno autónomo no anunció ayer finalmente si la Ley Financiera prevé ayudas fiscales a las personas que pagan una cuota a una mutua asistencial, que prepara el Departamento de Economía según han explicado fuentes del Ejecutivo catalán. Algunas mutuas habían dicho que la medida representaba un claro apoyo para todas las entidades, pero especialmente para L'Aliança, que con 180.000 socios es la mayor entidad de previsión social catalana y está intervenida por la Generalitat tras advertir un agujero patrimonial.