Aclaraciones
En el último mes, un editorial (EL PAÍS, 11 de octubre) y una columna firmada por Prudencio García (EL PAÍS, 25 de octubre) han criticado con vehemencia la anulación de la sentencia que condenó a tres militares y a un sacerdote a penas de 30 años y 20 años, respectivamente, por el asesinato del obispo guatemalteco Juan Gerardi. Sin entrar a discutir la opinión de cada quien, ambos textos contienen errores que revelan un conocimiento superficial y sesgado de un proceso judicial sumamente turbio y complejo.
1. En primer lugar, los tres militares no fueron condenados en calidad de '...
En el último mes, un editorial (EL PAÍS, 11 de octubre) y una columna firmada por Prudencio García (EL PAÍS, 25 de octubre) han criticado con vehemencia la anulación de la sentencia que condenó a tres militares y a un sacerdote a penas de 30 años y 20 años, respectivamente, por el asesinato del obispo guatemalteco Juan Gerardi. Sin entrar a discutir la opinión de cada quien, ambos textos contienen errores que revelan un conocimiento superficial y sesgado de un proceso judicial sumamente turbio y complejo.
1. En primer lugar, los tres militares no fueron condenados en calidad de 'autores materiales de la preparación y ejecución del crimen' como señala el señor García. Un vistazo a la sentencia le permitiría leer que al coronel se le adjudica una 'labor de vigilancia' y que 'no quedó acreditado que él haya ejecutado materialmente la comisión del hecho' (página 133). El capitán y el sargento, dice el fallo, llegaron a la parroquia después del asesinato para filmar y alterar la escena. El sacerdote Mario Orantes, ayudante de Gerardi, fue sentenciado como 'cómplice'. Es decir, los autores materiales e intelectuales siguen siendo una incógnita, lo cual significa, simple y llanamente, que el asesinato del obispo sigue en la impunidad.
2. El señor García asegura que 'los estudios periciales' excluyeron que monseñor Gerardi hubiera sido atacado por el pastor alemán del sacerdote Orantes. Tampoco es cierto. Los informes de cuatro expertos, entre ellos el doctor José Manuel Reverte, de la Escuela de Medicina Legal de la Universidad Complutense de Madrid, y un reconocido odontólogo contratado por la propia defensa del sacerdote afirman categóricamente que el cadáver del obispo presentaba, además de los múltiples traumatismos, mordeduras de ese perro.
3. Es igualmente erróneo que el crimen se imputara inicialmente 'a dos indigentes que pernoctaban en la casa parroquial'. Esos dos indigentes se presentaron, de hecho, como testigos. Y uno de ellos, Rubén Chanax, reconoció y acusó sucesivamente a un alcohólico y a un delincuente que no tenían nada que ver con el asesinato. Este mismo personaje, cuyo papel en el crimen sigue siendo muy oscuro, es la pieza clave que sirvió para detener y condenar a los hoy procesados. Para ello, cambió su testimonio en cuatro ocasiones, todas, por cierto, bajo juramento.
4. La versión de Chanax (cuya idoneidad ha sido cuestionada incluso por fiscales que participaron en la investigación) quedó apuntalada con una serie de 'testigos' que van surgiendo oportunamente para llenar los vacíos del expediente. Entre ellos están un estafador y un asaltante que redimieron sus condenas a cambio de sus declaraciones.
5. Tampoco está de más señalar que Chanax implicó a los cuatro procesados el 17 de enero de 2000, tres días después de que asumiera la presidencia Alfonso Portillo, candidato del Frente Republicano Guatemalteco y ahijado político del general Efraín Ríos Montt, que había hecho del caso Gerardi una bandera electoral y que llegó a condicionar su permanencia en el cargo al esclarecimiento del crimen.
Una semana después de llegar al cargo ya tenía en la cárcel a los 'autores'. Y un año y medio más tarde se congratulaba por la sentencia condenatoria.
6. Con ese fallo, Portillo quiso presentarse ante la comunidad internacional como un adalid de la lucha contra la impunidad y hacer creer que, bajo su mandato, en Guatemala 'sí se hacía justicia', lo que, dicho sea de paso, le venía también muy bien al general Ríos Montt para aligerar la presión de la demanda interpuesta en España contra él por Rigoberta Menchú. Quizás por eso la anulación del fallo ha provocado el disgusto de diversos funcionarios gubernamentales y de algunos magistrados de la Corte Suprema afines al oficialismo.
7. La sentencia (que llega al extremo de alterar las actas del juicio para extirpar contradicciones e inconsistencias de algunos testigos) fue criticada en su momento por juristas y abogados, que pronosticaron su irremediable caída. Al ordenar un nuevo juicio, la Corte de Apelaciones intenta corregir los graves vicios que han empañado el proceso.
8. En resumen: sin entrar a dirimir la culpabilidad o inocencia de los acusados, lo cierto es que la instrucción y la sentencia del caso Gerardi erizarían la peluca a los más curtidos magistrados europeos. Lo que el columnista define como 'magnífica, increíble y esperanzadora excepción' no fue sino un siniestro espejismo del sistema judicial guatemalteco, que todavía sigue obedeciendo a consignas políticas. En ese sentido, hace bien Prudencio García en apoyar los legítimos reclamos de Rigoberta Menchú ante los tribunales españoles.