El guiño de Platón

CINCO AÑOS DESPUÉS de que el diputado socialista Eguiagaray viese rechazada por la Mesa del Congreso su solicitud de comparecencia del entonces presidente de Telefónica -Juan Villalonga- ante la Comisión de Infraestructuras, una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) ha puesto en marcha los mecanismos parlamentarios necesarios para iluminar el oscuro proceso de privatización de las empresas públicas realizado por el Gobierno de Aznar a partir de 1996. A petición nuevamente del PSOE, la Mesa de la Cámara dio luz verde el martes a las comparecencias en comisión de cinco ministros (Economía, ...

CINCO AÑOS DESPUÉS de que el diputado socialista Eguiagaray viese rechazada por la Mesa del Congreso su solicitud de comparecencia del entonces presidente de Telefónica -Juan Villalonga- ante la Comisión de Infraestructuras, una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) ha puesto en marcha los mecanismos parlamentarios necesarios para iluminar el oscuro proceso de privatización de las empresas públicas realizado por el Gobierno de Aznar a partir de 1996. A petición nuevamente del PSOE, la Mesa de la Cámara dio luz verde el martes a las comparecencias en comisión de cinco ministros (Economía, Hacienda, Ciencia y Tecnología, Fomento y Defensa) y de nueve presidentes o ex presidentes de siete empresas privatizadas (Telefónica, Endesa, Repsol, Iberia, Tabacalera, Indra y Argentaria). Si la reacción incial del Gobierno marcase la pauta de su futura estrategia, las esperanzas de esclarecimiento quedarían frustradas. Obligado el PP a abandonar de mala gana su primera trinchera obstruccionista en la Mesa del Congreso tras el amparo dado por el TC a Eguiagaray (y también a Borrell, que solicitó inútilmente un año después la comparecencia de Rodolfo Martín Villa como presidente de Endesa ante la Comisión de Industria), el grupo parlamentario del partido del Gobierno parece dispuesto a proseguir sus boicoteadoras prácticas filibusteras en las comisiones de la Cámara.

Tras la sentencia del Constitucional que amparó el derecho de los diputados a controlar al Ejecutivo, el PP intenta frenar las comparecencias de los presidentes de las empresas privatizadas

La sentencia del TC anuló los acuerdos de 1997 y 1998 adoptados por la Mesa del Congreso para impedir la comparecencia de Villalonga y Martín Villa por considerar que el órgano de gobierno de la Cámara lesionó el derecho de los diputados -su ius in officium- al pleno desempeño de sus funciones parlamentarias, incluida la tarea de controlar al Ejecutivo. El TC rechaza la restrictiva interpretación de la empresa pública defendida por el Gobierno; el criterio definitorio no debe ser la participación mayoritaria del Estado en el capital social, sino el control real ejercido por los poderes públicos 'directa o indirectamente' a través de 'una influencia dominante en razón de la propiedad, de la participación financiera o de las normas que la rigen'.

Sólo la incontinencia verbal - sobre materias sometidas a su jurisdicción-del presidente del TC, que suele competir con el presidente del Supremo a la hora de adelantarse a los deseos del Gobierno, podría explicar su indiscreto guiño cómplice dirigido al PP para aguar la nueva doctrina del tribunal sobre el control parlamentario del Ejecutivo, Según Jiménez de Parga, la sentencia -de la que fue ponente tal vez como filósofo-rey (si se quiere dar sentido a su culta referencia griega)- tiene un alcance meramente 'platónico', ya que los amparos se pronuncian sobre casos particulares y las resoluciones anuladas fueron adoptadas por la Mesa del Congreso durante la anterior legislatura.

Con la coartada regalada por el presidente del TC en la mano, el portavoz popular Luis de Grandes -un basurero vocacional acostumbrado a verter todo tipo de productos excrementicios sobre la oposición socialista- anunció con escandalizado aire virginal que su grupo parlamentario (mayoritario en las comisiones encargadas de dar el visto bueno final a las comparecencias pedidas por los socialistas) impedirá 'que el PSOE ponga en duda la acrisolada honorabilidad' de los presidentes convocados o 'ponga en solfa' el proceso de privatización del Gobierno. El programa del PP de 1996 criticaba las privatizaciones socialistas por haber sido realizadas 'sin transparencia, con oportunismo y al margen del control parlamentario'; de ahí su promesa de que 'el control parlamentario de las enajenaciones garantizará la transparencia de los mecanismos utilizados'. Los objetivos del PP, a ese respecto, eran 'intensificar el control de la acción del Gobierno' y fijar 'límites temporales razonables con exclusión de la discrecionalidad' para la comparecencia de ministros y autoridades. Sin duda, la embriagez producida por el ejercicio del poder produce desvergüenza o amnesia.