Andorra cierra una incineradora que contamina mil veces más de lo que permite la UE
El Gobierno de Andorra, en una decisión urgente tras recibir el último informe de contaminación, ha cerrado la única planta incineradora de residuos que tiene el pequeño país pirenaico por el grave riesgo que supone para la salud pública el alto índice de dioxinas que emite, y que superan mil veces la cifra máxima permitida por la Unión Europea. El horno cerrado lanzaba al aire 111 nanogramos de dioxinas por metro cúbico, cuando el nivel máximo permitido por la EU es de 0,1 nanogramos. La planta está situada a cinco kilómetros de la capital, Andorra la Vella, y cerca de una urbanización.
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El Gobierno de Andorra, en una decisión urgente tras recibir el último informe de contaminación, ha cerrado la única planta incineradora de residuos que tiene el pequeño país pirenaico por el grave riesgo que supone para la salud pública el alto índice de dioxinas que emite, y que superan mil veces la cifra máxima permitida por la Unión Europea. El horno cerrado lanzaba al aire 111 nanogramos de dioxinas por metro cúbico, cuando el nivel máximo permitido por la EU es de 0,1 nanogramos. La planta está situada a cinco kilómetros de la capital, Andorra la Vella, y cerca de una urbanización.
De esta forma, Andorra se ha quedado sin posibilidad de tratar los residuos domésticos e industriales que genera, por lo que España ha aceptado, en un acuerdo verbal, recibir las basuras domésticas e industriales mientras no se construya la nueva planta de tratamiento, que no se prevé que esté lista hasta el 2005.
La repentina decisión del Ejecutivo andorrano da la razón a la plataforma ciudadana Respiremos sin Humos, que desde principios de año estaba reclamando mayor control de la Administración sobre las emisiones tóxicas del horno incinerador. En el último año, pese a las críticas de los ecologistas y de los partidos de la oposición y de las recomendaciones de la UE, el Gobierno andorrano se había venido resistiendo al cierre de la incineradora.
Olga Adellach, ministra de Medio Ambiente, y Mónica Codina, titular de Salud, han querido tranquilizar la población asegurando que los sectores de población de riesgo han sido 'pocos: los propios trabajadores del horno, que han recibido la mayor parte de las emisiones, y las personas que han consumido los alimentos cultivados en los huertos próximos a la incineradora. Para el resto de la población, aunque viva cerca de la incineradora, no habrá habido riesgo'.