Seis comunidades reclaman poder para nombrar a los fiscales jefes
Los consejeros de Justicia de seis comunidades autónomas con competencias en esta materia acordaron ayer en Barcelona dirigirse al Gobierno para reclamar una reforma del estatuto del ministerio fiscal que permita que los fiscales jefes de los tribunales superiores de cada comunidad sean designados por parte de cada Parlamento autónomo. El acuerdo fue suscrito por los representantes de Cataluña, el País Vasco, Canarias, Andalucía, Galicia y Valencia, estas dos últimas, comunidades autónomas gobernadas por el PP. A la reunión asistió también el consejero de justicia de la Comunidad de Madrid, qu...
Los consejeros de Justicia de seis comunidades autónomas con competencias en esta materia acordaron ayer en Barcelona dirigirse al Gobierno para reclamar una reforma del estatuto del ministerio fiscal que permita que los fiscales jefes de los tribunales superiores de cada comunidad sean designados por parte de cada Parlamento autónomo. El acuerdo fue suscrito por los representantes de Cataluña, el País Vasco, Canarias, Andalucía, Galicia y Valencia, estas dos últimas, comunidades autónomas gobernadas por el PP. A la reunión asistió también el consejero de justicia de la Comunidad de Madrid, que no suscribió ni ése ni otros acuerdos adoptados, igual que el representante de Navarra que acudió por delegación del consejero.
El encuentro, que es el undécimo que celebran los consejeros de Justicia, concluyó con la firma de un documento en el que se reclama también que los tribunales superiores de justicia sean la última instancia judicial en cada comunidad y que sus presidentes sean nombrados también por el Parlamento. Actualmente los designa el Consejo General del Poder Judicial, un órgano que, según los consejeros, debe 'desconcentrarse' o delegar sus funciones en 'órganos de gobierno del poder judicial del ámbito territorial de cada comunidad'. En cuanto a las competencias actuales de los tribunales superiores, son muy reducidas y la inmensa mayoría de los recursos en materia civil y penal se acaban resolviendo finalmente en el Tribunal Supremo.
El coste del pacto de Estado
El documento aprobado por los consejeros propone también la creación de una comisión formada por los ministerios de Justicia y de Hacienda, así como las comunidades autónomas, para estudiar los costes y financiación del pacto de Estado para la reforma de la justicia. El consejero catalán de Justicia, Josep Guàrdia, aseguró ayer que las comunidades de Madrid y Navarra tienen 'una sensibilidad diferente respecto al hecho autonómico', aunque se felicitó por la 'amplia aceptación' del acuerdo aprobado ayer.
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