Seis años de cárcel para un empresario por contaminar el río Francolí
Los vertidos intencionados se realizaban cerca de Vimbodí
La Audiencia de Tarragona ha condenado al propietario de Destilados Agrícolas Vimbodí (DAVSA), Jaime Miguel Voltas, a seis años de prisión y a una multa de 62.151 euros por un delito continuado contra el medio ambiente. Los jueces consideran probado que Voltas vertió sustancias químicas al río Francolí que dañaron acuíferos, cultivos e instalaciones municipales de Vimbodí (Conca de Barberà).
La sentencia corrobora la teoría del fiscal de que Voltas 'falseó datos, realizó vertidos clandestinos, almacenó materias peligrosas para la vida humana, transportó ilegalmente las materias y desobe...
La Audiencia de Tarragona ha condenado al propietario de Destilados Agrícolas Vimbodí (DAVSA), Jaime Miguel Voltas, a seis años de prisión y a una multa de 62.151 euros por un delito continuado contra el medio ambiente. Los jueces consideran probado que Voltas vertió sustancias químicas al río Francolí que dañaron acuíferos, cultivos e instalaciones municipales de Vimbodí (Conca de Barberà).
La sentencia corrobora la teoría del fiscal de que Voltas 'falseó datos, realizó vertidos clandestinos, almacenó materias peligrosas para la vida humana, transportó ilegalmente las materias y desobedeció a requerimientos administrativos'.
DAVSA se instaló en Vimbodí en 1973 y se dedicaba a la producción de ácido oxálico y sales para industrias farmacéuticas y electroquímicas. En 1991, a raíz de una inspección de la Junta de Aguas se detectaron 'vertidos deficientes' que no fueron corregidos pese al requerimiento del organismo oficial. Voltas, según el fallo, carecía de licencia para almacenar residuos tóxicos, ocultó el uso que se realizaba en sus instalaciones de ácido sulfúrico y no tenía la licencia municipal en regla. La fábrica se cerró en 1993 por un incendio y Voltas trasladó la producción a Alcañiz (Teruel), donde montó una segunda empresa, Oxaquim. A partir de entonces, la fábrica de Vimbodí se convierte, según recoge la acusación de la fiscalía que se ampara en informes de Mossos d'Esquadra y de Guardia Civil, en un almacén ilegal de la fábrica de Teruel.
La sentencia recoge que los Mossos detectaron 'fugas en todas las instalaciones abandonadas y que la ubicación de éstas, en pendiente decreciente hacia el río, causaba grave riesgo'. Los agentes autonómicos encontraron almacenado en deficientes condiciones ácidos sulfúrico, nítrico, clorhídrico y restos de ácido oxálico y oxalatos que corroían el pavimento.
Los vertidos intencionados se realizaban dos veces por semana en tres puntos del torrente de Les Orenetes, que va a dar al Francolí. Según Medio Natural, 'la contaminación de aguas y su alto grado de acidez' impidieron 'la existencia de vida animal, así como daños en cultivos y aljibes'. La contaminación perforó la cueva del Gorg, cambió el curso fluvial, llegó a los lavaderos públicos de la población e inutilizó una mina. Dos agricultores vieron cómo sus huertos y sus balsas quedaban inservibles.
El tribunal no dio por válida ninguna de las teorías de Voltas, que aseguró que la fábrica no necesitaba depuradora, que no utilizaba ácido sulfúrico y que el proceso era fruto de un montaje contra su persona.