Ella decide
En el conflicto de derechos planteado en el caso de la adolescente de 15 años embarazada que no ha querido abortar prima la libertad de la joven a decidir sobre su maternidad. El juez que ha amparado ese derecho, en contra de la opinión de los padres de que lo mejor para su hija era el aborto, ha actuado de acuerdo con la ley. No importa que la adolescente sea menor de edad. La patria potestad queda supeditada al libre consentimiento de la joven embarazada y al respeto de su intimidad. Además, el hecho de que el embarazo fuera deseado, aunque prematuro en una adolescente de 15 años, impedía a ...
En el conflicto de derechos planteado en el caso de la adolescente de 15 años embarazada que no ha querido abortar prima la libertad de la joven a decidir sobre su maternidad. El juez que ha amparado ese derecho, en contra de la opinión de los padres de que lo mejor para su hija era el aborto, ha actuado de acuerdo con la ley. No importa que la adolescente sea menor de edad. La patria potestad queda supeditada al libre consentimiento de la joven embarazada y al respeto de su intimidad. Además, el hecho de que el embarazo fuera deseado, aunque prematuro en una adolescente de 15 años, impedía a los padres el posibre recurso al aborto legal, alegando un nada improbable riesgo para la salud psíquica de su hija, en pleno desarrollo de su personalidad.
Pero la solución dada a este caso, legalmente inobjetable, pone en evidencia también las lagunas y carencias existentes en el tema del aborto. Si la libre decisión de la menor embarazada prima sobre la de los padres en caso de no querer abortar, ¿por qué la ley invierte los términos y exige el consentimiento paterno si la joven quiere abortar acogiéndose a alguno de los supuestos legales?
Los embarazos entre adolescentes, en su mayor parte no deseados, no sólo ponen en entredicho las políticas de prevención y educación sexual, sino el actual marco legal del aborto. El número creciente de chicas embarazadas de entre 15 y 19 años evidencia la irresponsabilidad de quienes obstaculizan campañas públicas a favor del uso del preservativo, y la imposibilidad de que muchos de estos embarazos no deseados puedan ser interrumpidos legalmente conduce a abortos clandestinos, con el consiguiente riesgo jurídico y sanitario. Con una política de planificación familiar más afinada y una legislación más amplia, podrían evitarse no pocos dramas personales y familiares en un sector de la población que por razón de edad está todavía lejos del ejercicio responsable de la paternidad.