El Gobierno se queda solo en la defensa de la Ley de Calidad de la Educación
Los grupos parlamentarios acusan al Gobierno de invadir las competencias autonómicas
Ningún grupo parlamentario, a excepción del PP, votó ayer en el Congreso de los Diputados en contra de las 10 enmiendas a la totalidad de la Ley Orgánica de la Calidad de la Educación (LOCE). Las razones más repetidas para rechazar la reforma educativa de la ministra de Educación, Pilar del Castillo, fueron la invasión de las competencias autonómicas, el apoyo a la educación privada, la falta de financiación y el impulso de la asignatura de religión. Todos los grupos de la oposición presentaron enmiendas a la totalidad, menos los socios del Gobierno de Coalición Canaria (CC), quienes se abstuv...
Ningún grupo parlamentario, a excepción del PP, votó ayer en el Congreso de los Diputados en contra de las 10 enmiendas a la totalidad de la Ley Orgánica de la Calidad de la Educación (LOCE). Las razones más repetidas para rechazar la reforma educativa de la ministra de Educación, Pilar del Castillo, fueron la invasión de las competencias autonómicas, el apoyo a la educación privada, la falta de financiación y el impulso de la asignatura de religión. Todos los grupos de la oposición presentaron enmiendas a la totalidad, menos los socios del Gobierno de Coalición Canaria (CC), quienes se abstuvieron en la votación de las enmiendas como protesta contra el articulado de la ley.
El PNV y los partidos del Grupo Mixto (BNG, CHA, EA, ERC, IC y PA) pidieron la devolución del documento al Gobierno y el PSOE, CiU e IU presentaron además textos alternativos. Coalición Canaria se abstuvo en la votación de todas las enmiendas y exigió que se introduzcan mejoras, sobre todo en el ámbito competencial. Tras la exposición del proyecto por parte de la ministra de Educación, Pilar del Castillo, las agrupaciones políticas explicaron los motivos de su rechazo en un ambiente crispado en el que una y otra vez la ley fue calificada como 'segregadora', 'retrógrada' 'antisocial' o 'reglamentista'.
La ministra abrió su intervención con un infructuoso llamamiento a la calma y dijo que su reforma persigue desarrollar 'un sistema de oportunidades para todos y combatir y prevenir el fracaso escolar'. Del Castillo aseguró que el texto 'respeta todas y cada de las competencias' y a continuación lanzó una advertencia a la oposición: que 'no debe ir con la propaganda por delante'.
Compromiso
La titular de Educación anunció además que 'el Gobierno se compromete a que la reforma tenga una financiación adicional, la que necesite, según lo que determine el Consejo de Política Fiscal y Financiera'.
El 'recorte de los derechos de escolarización de los alumnos' fue el primer argumento de la responsable de Educación de la Ejecutiva socialista, Carme Chacón, a la hora de defender la enmienda a la totalidad del PSOE y su texto alternativo. La ministra de Educación y Cultura, aficionada a la pintura, dibujaba desde su escaño una silueta -en la que los estudiantes situados en la tribuna de invitados aseguraron adivinar el retrato de la portavoz socialista- mientras Chacón argumentaba cinco razones para rechazar la Ley de Calidad, entre ellas, que 'fomenta que se distancien los padres de los centros, al cortar su representación en ellos, provoca la quiebra de la educación igualitaria, favorece a la privada y rompe el consenso educativo en materia territorial'.
La enmienda de totalidad de CiU -cuyo anuncio el pasado lunes cayó como un jarro de agua fría al Gobierno- se basa, según explicó el diputado Jordi Martí en que 'ha habido una evidente voluntad por parte del Gobierno de que el Parlamento apruebe una LOAPA educativa, lo que podría ser letal'. La LOAPA (Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico) fue una ley que en los años ochenta fue declarada inconstitucional en algunos aspectos y que fue impulsada tras el intento de golpe de Estado del 23-F.
CiU quiso además dejar claro que si el PP sigue adelante 'será el responsable de un incremento exponencial de la conflictividad entre el Gobierno y las comunidades autónomas ante el Tribunal Constitucional'. El portavoz de CiU argumentó que en el proyecto de ley 'hay 43 remisiones a reglamentos estatales por desarrollar', muchas de ellas 'con carácter básico'.
Para los nacionalistas catalanes es 'inadmisible que el texto conceda carácter de básica a la totalidad de la ley', con lo que no deja ningún margen a las comunidades 'para organizar su propio modelo educativo'.
El resto de los grupos declararon su firme rechazo a la ley, tanto por numerosos aspectos de su contenido como por la 'falta de consenso y de diálogo con las comunidades autónomas', uno de los aspectos destacados por la portavoz de IU Marisa Castro. También el portavoz del PNV Xose Juan González de Txavarri, criticó el texto por 'espontaneista' y 'mecanicista'. 'Esta reforma se centra en el rendimiento escolar y la igualdad de oportunidades ha sido subordinada a la competitividad, y esto se debe equilibrar, porque los proyectos educativos deben tener un marcado carácter social', argumentó.
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