El Consorcio del Ebro recibirá 18 millones de euros de los presupuestos del Estado
El Consorcio del Plan Integral del Delta del Ebro (PIDE) recibirá, según los presupuestos del Estado, un total de 18 millones de euros, una de las inversiones más importantes que se han asignado a las tierras del Ebro y que se destinarán, según explicó Joaquim Fabra, presidente del comité local del PP en Tortosa y del consorcio, a la redacción de planes parciales, a establecer diferentes medidores de control del delta y a impulsar rutas verdes en la ribera del río.
A los 18 millones de euros hay que sumar el 30% que la Generalitat debe destinar, y se calcula que en los próximos años el...
El Consorcio del Plan Integral del Delta del Ebro (PIDE) recibirá, según los presupuestos del Estado, un total de 18 millones de euros, una de las inversiones más importantes que se han asignado a las tierras del Ebro y que se destinarán, según explicó Joaquim Fabra, presidente del comité local del PP en Tortosa y del consorcio, a la redacción de planes parciales, a establecer diferentes medidores de control del delta y a impulsar rutas verdes en la ribera del río.
A los 18 millones de euros hay que sumar el 30% que la Generalitat debe destinar, y se calcula que en los próximos años el consorcio gestionará 36 millones de euros en diferentes obras y planes.
El Consorcio del PIDE es un organismo que genera polémica en la zona puesto que su nacimiento obedece a una condición de CiU para aprobar el Plan Hidrológico Nacional (PHN) y los trasvases del Ebro.
Ayuntamientos de la zona, algunos de la importancia del de Tortosa, y organizaciones de productores, como las cooperativas arroceras, han rechazado formar parte de consorcio y han denunciado que éste ha pasado a constituir en las tierras del Ebro un poder paralelo a las instituciones.
El CPIDE gestionará asimismo las subvenciones a las cooperativas arroceras para que puedan formalizar sus procesos de fusión. Se supone que el CPIDE deberá establecer en qué momento del año es posible o no trasvasar agua, una competencia que el Ministerio de Medio Ambiente no ha refrendado en sus últimos estudios de impacto ambiental.