Otro artículo inútil
1. La cuestión de la inutilidad de la literatura no puede ser más lacerante para los escritores vascos: nada de lo que hayamos escrito o podamos escribir parece capaz de detener la espiral de violencia y venganzas en la que nos hallamos sumidos. Menos aún un artículo como éste, uno más de los que ya se cuentan por miles, publicados durante todos estos años en decenas de periódicos y revistas. Y sin embargo...
2. Asistimos estupefactos a un acto más de nuestra tragedia colectiva: la suspensión de actividades de un partido político, Batasuna, y la apertura de un proceso que ...
1. La cuestión de la inutilidad de la literatura no puede ser más lacerante para los escritores vascos: nada de lo que hayamos escrito o podamos escribir parece capaz de detener la espiral de violencia y venganzas en la que nos hallamos sumidos. Menos aún un artículo como éste, uno más de los que ya se cuentan por miles, publicados durante todos estos años en decenas de periódicos y revistas. Y sin embargo...
2. Asistimos estupefactos a un acto más de nuestra tragedia colectiva: la suspensión de actividades de un partido político, Batasuna, y la apertura de un proceso que llevará a su casi segura ilegalización. Decisiones como éstas, de por sí graves en cualquier democracia que merezca tal nombre, lo son más en nuestro caso, pues dejan sin cobertura política legal a una parte minoritaria pero importante de nuestra sociedad, y son rechazadas por una mayoría significativa de la ciudadanía vasca. A pesar de las conexiones, connivencias o complicidades que puedan unir a Batasuna con ETA (aún por demostrar judicialmente), impedir que los postulados del independentismo radical puedan tener un cauce de expresión en el sistema político no conduce más que a alimentar la idea de que sus propuestas no tienen cabida en esta democracia: precisamente lo que las fuerzas de la llamada izquierda abertzale vienen defendiendo desde la época de la transición. Dicho de otra manera, y como ya se ha subrayado más de una vez: no nos cabe ninguna duda de que las relaciones entre el Sinn Fein y el IRA eran o son similares a las que unen el mundo de Batasuna a ETA; pero: ¿qué hubiera sido del proceso de paz irlandés -aún no finalizado- si el Gobierno británico hubiera dejado fuera de la ley a dicho partido independentista? No condenar un asesinato, por muy repugnante que nos pueda parecer, no es suficiente prueba para llevar adelante un proceso de la excepcionalidad como el que proponen las Cortes, el Gobierno y la fiscalía; Javier Pérez Royo ya lo ha explicado con claridad en estas mismas páginas. Pero es que, además, es contraproducente, si lo que verdaderamente se quiere lograr es un escenario permanente de paz y convivencia y no ahondar más la fractura social.
Las medidas del Gobierno, además de ser antidemocráticas, no van a solucionar nada
3. Dicho esto, queremos subrayar que, pese a todo, seguimos creyendo que el problema más inmediato es el de la continuidad de la violencia de ETA y su entorno. Que nos mostremos contrarios a la ilegalización de Batasuna no quiere decir que estemos de acuerdo con sus postulados. Nos negamos a admitir la argumentación casi biologista, repetida hasta la saciedad por los portavoces de la 'izquierda abertzale', de que todo, hasta las mayores aberraciones que puedan haberse cometido, son consecuencias naturales de un conflicto cuyas raíces se pierden en la noche de los tiempos. La situación de los cargos públicos del PP y del PSE, así como otras muchas personas que se han significado por su opción política, no ha hecho sino empeorar y nos produce una gran repugnancia moral. Todo esto no lo decimos porque sea políticamente correcto, por disculparnos o porque este tipo de condenas se hayan convertido en un imperativo legal (lo que, por cierto, vacía aún más de contenido el concepto de 'condena'), sino porque así lo creemos, y pensamos que es necesario repetirlo todas las veces que haga falta.
4. Ahora bien, creemos que las medidas impulsadas desde el Gobierno de José María Aznar, además de ser antidemocráticas, no van a solucionar nada, sino todo lo contrario; ha sido el mismo presidente quien nos ha augurado 'más sufrimiento'. Sobre todo teniendo en cuenta cuáles parecen ser las motivaciones que han llevado a tomar decisiones tan graves: un intento a corto plazo de cambiar el mapa electoral del País Vasco, por un lado, y la venganza, por otro. Nos gustaría equivocarnos, pero no podemos arrojar de nuestras mentes la idea de que tras la iniciativa de la Ley de Partidos hay un intento por parte del pacto PP-PSE de llevar a cabo, por la vía de la excepcionalidad, lo que no pudieron lograr en las elecciones autonómicas de mayo de 2001: eliminada Batasuna del mapa electoral, les sería más fácil conseguir una mayoría en los ayuntamientos más importantes y en las diputaciones, en las próximas elecciones municipales, y en el Parlamento vasco, en las siguientes autonómicas. Ni que decir tiene que creemos que es absolutamente legítimo que las fuerzas denominadas constitucionalistas aspiren a la mayoría política en el País Vasco; nos parece reprobable, sin embargo, el cálculo que subyace en esta situación de excepcionalidad política. En cuanto al deseo de venganza, de hacer pagar a todo aquel que se percibe como el enemigo por las afrentas y el dolor sufridos -un deseo de venganza comprensible quizás a nivel personal, si bien injustificable en el plano político-, no hay más que leer o escuchar las declaraciones de algunos portavoces del PP y del PSOE para darse cuenta de hasta qué punto late la idea del 'ojo por ojo', ni siquiera en el fondo, sino en la superficie de sus discursos. No creemos que la venganza y el odio sean una buena guía en política. Primo Levi dejó escrito con respecto a la venganza: 'Creo en la razón y en la discusión como supremos instrumentos de progreso, y por eso antepongo la justicia al odio'. Nosotros tenemos serias dudas sobre la justicia de las acciones emprendidas por Gobierno y judicatura.
5. Desde luego, hay que enmarcar todo este proceso en el clima involucionista y de recorte de las libertades que viven las democracias occidentales al menos a partir de los atentados del 11 de septiembre de 2001, y probablemente desde antes. La manera de afrontar retos como el de la inmigración, las desigualdades económicas o conflictos como los de los Balcanes, Chechenia o Palestina, así como los ataques de represalia en Afganistán, dan cuenta del auge creciente de la opción militarista como guía de la política a seguir. Desde esta perspectiva, la gestión por parte del Gobierno español del conflicto vasco es significativa en tres sentidos: por una parte, le es útil para ocultar sus carencias en materias políticas marcadas por la controversia (como la educación, las relaciones laborales, la política de inmigración...); por otra parte, afianza una idea de España totalmente unitarista, que desconfía de cualquier nacionalismo que no sea el propio y está cada vez más alejada de una visión plurinacional de la misma (y en la que cupiera, por lo tanto, el derecho a la secesión); finalmente, parecería una muestra, a escala, de la orientación que al tema de la resolución de conflictos están dando países como Estados Unidos o Israel. La ilegalización de Batasuna es un paso más, muy grave si se quiere, pero uno más, que se añade a otros problemas que ya vienen de largo como la situación de los presos de ETA y sus familiares, las continuas denuncias de torturas, las exageradas penas que recaen sobre los jóvenes acusados de kale borroka (el mismo delito, quemar un contenedor, tiene un castigo muchísimo mayor que si se llevara a cabo, por ejemplo, en Valencia), o la reiterada discriminación a la que, por parte de los poderes públicos, es sometida la minoría vascoparlante en Navarra, auténtico laboratorio de pruebas de la política del PP en este campo.
6. La instalación de un Estado absoluto de excepción en la política del País Vasco es una condición imprescindible para la aplicación definitiva de una solución exclusivamente policial (o, si se quiere, militarista) al conflicto vasco, frente a las opciones que hacen hincapié en el diálogo y la conciliación. No somos tan ingenuos como para pensar que la vía militarista no tiene ninguna posibilidad de acabar con ETA y de pacificar el país: la historia nos ofrece más de un ejemplo en este sentido; entre otros, el del propio País Vasco durante los últimos dos siglos. Otra cuestión es la del precio: el precio que habríamos de pagar ahora, desde el punto de vista material y moral, y el de que el conflicto se reprodujera con toda su violencia, una vez más, dentro de una o dos generaciones. Franco logró la pacificación, pero plantó la semilla del odio en una parte de la sociedad vasca (y de la española), y aún estamos pagando las consecuencias; ETA también lo ha hecho, a su manera: durante estos últimos 30 años es quien más méritos ha hecho para generar odio y desprecio en una buena parte de la sociedad vasca (y, evidentemente, de la española). Nos preguntamos si es lícito y, sobre todo, qué futuro tiene que el Estado siga por ese mismo camino, alimentando esta espiral de miseria moral en la que nos hundimos más y más.
La suspensión, de facto, del derecho de manifestación (ya denunciada por Amnistía Internacional) y los acontecimientos del pasado sábado en Bilbao, en los que la Ertzaintza bloqueó violentamente una marcha, en principio pacífica, de miles de personas, auguran lo peor a este respecto.
7. Los firmantes de este artículo no tenemos certezas inamovibles, como los políticos que, de uno y otro lado, nos conminan: 'o conmigo o contra mí'. Tenemos dudas, preguntas, temores. Escribimos, desde el filo de la navaja, artículos inútiles como éste.
Sin embargo, estamos obligados a escribirlos.
Firman también este artículo los escritores Ana Arregi, Bernardo Atxaga, Jorge Giménez, Joxemari Iturralde, Anjel Lertxundi, Inazio Mujika y Jabier Muguruza.
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