Un juez anula un despido basado en el espionaje del correo electrónico
El Juzgado de lo Social número 32 de Barcelona ha declarado improcedente el despido de una trabajadora a quien la empresa espió su correo electrónico y después lo utilizó como único argumento contra ella, por considerar que había abusado en su uso. El magistrado reconoce que la empresa puede acceder a los e-mail de los trabajadores en ordenadores de su propiedad, pero advierte de que sólo puede hacerlo con una orden judicial y cuando tenga sospechas fundadas de que el empleado incumple gravemente sus obligaciones. Nada de ello ocurría en este caso, dice el juez, pues la mujer fue desped...
El Juzgado de lo Social número 32 de Barcelona ha declarado improcedente el despido de una trabajadora a quien la empresa espió su correo electrónico y después lo utilizó como único argumento contra ella, por considerar que había abusado en su uso. El magistrado reconoce que la empresa puede acceder a los e-mail de los trabajadores en ordenadores de su propiedad, pero advierte de que sólo puede hacerlo con una orden judicial y cuando tenga sospechas fundadas de que el empleado incumple gravemente sus obligaciones. Nada de ello ocurría en este caso, dice el juez, pues la mujer fue despedida cuando planteó una demanda de extinción de contrato, mientras se encontraba de baja por depresión a causa del acoso moral que sufría y que también reconoce la justicia.
El magistrado Miquel Àngel Falguera considera que se produjo una vulneración del artículo 18.3 de la Constitución, que declara el secreto de las comunicaciones. Carlos Sánchez Almeida, abogado de la afectada, asegura que es la primera vez en España que un juez dicta una sentencia así, pues los otros dos precedentes son trabajadores que eran miembros del comité de empresa y los jueces creyeron que se violó su derecho a la libertad sindical.
La empresa, que deberá indemnizar a la mujer con 7.776 euros, se dedicaba precisamente a la venta de software por Internet. Cuando la empleada Esther G. G. demandó a Interbel Software por acoso moral, la dirección encargó un peritaje únicamente de su ordenador, que se hizo sin su presencia ni la de ningún compañero de trabajo. Ese anális del e-mail se aportó como prueba en el pleito por despido, pese a que algunos correos eran 'de carácter íntimo y personal', recuerda el juez.
El juez asegura que el vacío legislativo español le obliga a referirse a una directiva comunitaria, y concluye que la empresa tuvo una 'intromisión desproporcionada' porque no existía ninguna justificación para realizar espionaje del correo electrónico y porque la empresa pretendía buscar un motivo para despedir a la mujer y no defender sus intereses.
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