Londres evita la quiebra de British Energy con 650 millones
La crisis de la mayor eléctrica nuclear cuestiona las privatizaciones
El Gobierno británico inyectó ayer 410 millones de libras (650 millones de euros) en British Energy para evitar su quiebra. Las acciones, cuya cotización estaba suspendida desde el jueves, cayeron ayer un 65%. La crisis de British Energy, que genera una quinta parte de la electricidad del Reino Unido, amenaza el futuro de la energía nuclear y pone en tela de juicio, otra vez, la privatización en sectores clave de la economía británica.
La crisis de British Energy empezó a salir a la luz pública a última hora del jueves. La cotización de sus acciones quedó en suspenso después de que la d...
El Gobierno británico inyectó ayer 410 millones de libras (650 millones de euros) en British Energy para evitar su quiebra. Las acciones, cuya cotización estaba suspendida desde el jueves, cayeron ayer un 65%. La crisis de British Energy, que genera una quinta parte de la electricidad del Reino Unido, amenaza el futuro de la energía nuclear y pone en tela de juicio, otra vez, la privatización en sectores clave de la economía británica.
La crisis de British Energy empezó a salir a la luz pública a última hora del jueves. La cotización de sus acciones quedó en suspenso después de que la dirección de la eléctrica admitiera públicamente que se encaminaba a la quiebra si no obtenía de inmediato 450 millones de libras. Tras un intenso fin de semana de negociaciones, el Departamento de Comercio e Industria aceptó ayer inyectar 410 millones de libras de dinero público en la compañía que garantizan su funcionamiento hasta el 27 de septiembre y anunció la apertura de nuevas conversaciones para estudiar la viabilidad de la firma a medio y largo plazo.
La crisis de British Energy no debería haber sido una sorpresa a la vista de los problemas de rentabilidad de la energía nuclear en un mercado en el que los precios energéticos en origen han caído un 40% desde que el año pasado se introdujo un nuevo marco regulador de precios. Pero la aparente robustez de la compañía, que en mayo repartió un generoso dividendo del 5,3% y auguró remuneraciones semejantes en el futuro, confundió a los analistas.
Todo indica que la compañía afronta, sobre todo, un problema de mala gestión agravado por la caída de precios. No ha habido en los últimos meses ningún cambio radical en el mercado que haya provocado un giro imprevisto en las perspectivas del negocio. Algunos analistas creen que el jefe ejecutivo de British Energy, Robin Jeffrey, no supo tomar medidas a tiempo. Otros sospechan que en realidad Jeffrey prefirió no adoptar ninguna medida y dejó que la situación se deteriorara para forzar la ayuda del sector público.
Robin Jeffrey considera que la energía nuclear tiene costes añadidos que no afectan a sus competidores tradicionales en el sector y, por tanto, debe recibir ayudas públicas. La compañía parecía haber persuadido al Gobierno sobre esa necesidad, pero el generoso dividendo de mayo echó atrás al Ejecutivo: ¿por qué necesita dinero público una empresa que paga tan bien a sus accionistas privados?, se preguntaría la opinión pública.
La situación se deterioró en los últimos días debido a dos factores combinados. Por un lado, las sospechas sobre las cuentas de la firma británica planteadas por la Comisión Canadiense de Seguridad Nuclear, que regula los activos nucleares de British Energy en Canadá. Y, por otro, la reducción de capacidad productiva en dos centrales escocesas. Esos dos factores hicieron temer a sus ejecutivos que el regulador canadiense pudiera airear sus sospechas y agravar los problemas financieros de British Energy.
Para los sindicatos, la crisis pone de relieve, sobre todo, que hay sectores de la economía que no pueden estar en manos privadas. La crisis de British Energy se suma a la de Railtrack, que gestiona todo el tendido ferroviario, señalizaciones y estaciones de los ferrocarriles británicos. Desde su privatización en 1996 el ferrocarril ha ido de mal en peor, obligando a los laboristas a intervenir la compañía en otoño pasado, en una renacionalización por la puerta trasera.
'Si a final de mes la compañía no ha asegurado su viabilidad a largo plazo el Gobierno debería devolverla al sector público en lugar de permitir su liquidación voluntaria', declaró ayer a la BBC Doug Rooney, del sindicato Amicus. 'No podemos seguir apostando el futuro de un sector tan importante al azar de la ruleta de la Bolsa', opinó John Edmonds, secretario general del sindicato GMB.