Un juez clausura el muelle de una tienda por exceso de ruido

Carmen Martínez-Hidalgo García, de 57 años; su esposo, Esteban Ruiz-Castillo Polo, de 63; tres de los hijos que viven con ellos y varios vecinos del inmueble situado en la calle de Alfonso Dávalo, número 1, han logrado que el juzgado número 1 de Alcalá de Henares dicte una orden para que cese la carga y descarga del supermercado Plus Superdescuento, que les impedía conciliar el sueño. Así se pone punto y final a una batalla de seis años contra el ruido.

Esteban y Carmen se acostaron durante seis años haciéndose el uno al otro la misma pregunta: '¿Quién vendrá mañana? ¿El de los congelad...

Carmen Martínez-Hidalgo García, de 57 años; su esposo, Esteban Ruiz-Castillo Polo, de 63; tres de los hijos que viven con ellos y varios vecinos del inmueble situado en la calle de Alfonso Dávalo, número 1, han logrado que el juzgado número 1 de Alcalá de Henares dicte una orden para que cese la carga y descarga del supermercado Plus Superdescuento, que les impedía conciliar el sueño. Así se pone punto y final a una batalla de seis años contra el ruido.

A pesar de que la sentencia lo prohíbe, los afectados aseguran que los camiones siguen descargando

Esteban y Carmen se acostaron durante seis años haciéndose el uno al otro la misma pregunta: '¿Quién vendrá mañana? ¿El de los congelados, que tiene muy mala leche, o el otro que es más simpático?'. Este matrimonio de Alcalá de Henares ha estado aguantando todos estos años el estruendo, los malos olores y los gritos provenientes de una zona de carga y descarga de un supermercado situado a poco más de un metro de la ventana de su habitación.

Carmen Martínez-Hidalgo García, Esteban Ruiz-Castillo Polo, tres de sus hijos, que viven con ellos, y varios vecinos del inmueble en el que viven denunciaron durante cinco años a Plus Superdescuento ante el Ayuntamiento de Alcalá porque eran incapaces de conciliar el sueño a partir de las siete y media de la mañana. Los camiones de este supermercado, propiedad de la empresa Tengelmann España, SA, descargaban la mercancía de lunes a sábado en la calle de Alfonso Dávalo, justo debajo de las ventanas del salón y de la habitación del matrimonio. Pero no lograron que la actividad cesara a pesar de las denuncias presentadas a la Administración local, cuyos técnicos comprobaron que el nivel de ruidos superaba lo que marca la legislación. El Ayuntamiento puso muchas multas al supermercado, pero nunca las cobró.

Carmen sufre del corazón, y Esteban tiene apnea del sueño. Los camiones de gran tonelaje llegaban a las siete y media de la mañana y comenzaban a descargar a las ocho. Durante dos horas, no cesaba la actividad. La calle donde está el muelle de carga no tiene salida. Es estrecha (unos 10 metros de ancho) y corta (15 metros de largo), lo que impedía maniobrar bien a los conductores. La familia aguantó cinco años de humos, ruidos fuertes que doblaban el máximo permitido, vibraciones y gritos.

A veces se asomaban a la ventana y pedían a los trabajadores que intentaran hacer menos ruido. Ni las multas del Ayuntamiento ni sus súplicas obtuvieron resultados. Esteban y Carmen decidieron acudir a un abogado, Ricardo Ayala. Este verano, seis años después de que el supermercado se instalara al lado de la casa donde vive esta familia desde hace tres décadas, una juez dictó sentencia: el cierre inmediato de la actividad de carga y descarga en esa calle.

'Estos años han deteriorado mucho nuestra salud', comenta el matrimonio. A Carmen le han tenido que operar del corazón y la apnea del sueño de Esteban se agudizó por el estrés que le producían los ruidos de los camiones. 'Esto nos ha desquiciado los nervios'. A veces incluso se planteaban dejar la casa, venderla e irse a vivir a otro sitio. Pero debido a los ruidos, su piso, de poco más de cien metros cuadrados, no estaba muy valorado.

El abogado de la familia argumentó derechos constitucionales y ganó el juicio: derecho a la intimidad en sus hogares y a tener buena salud. Derecho al silencio y a la calma. Derecho a la propiedad. 'No han podido vender su casa', afirma Ricardo Ayala, 'por este problema. Su patrimonio estaba arruinado. La herencia de sus hijos no valía nada'.

El letrado cree que la familia tuvo que acudir a los tribunales porque el Ayuntamiento de Alcalá, ni cuando lo gobernaba el PP ni ahora que lo gobierna el PSOE con IU, no hizo nada por evitar que los cinco miembros de la familia vivieran en un lugar insoportable, sin posibilidad de cambiar por subsistir con el único sueldo del padre jubilado. 'La justicia se abre para defender los derechos que no protege la Administración local, que en este caso ha pecado de omisión'.

Los cinco miembros de la familia, todos denunciantes, estaban dispuestos a llegar a un acuerdo con el supermercado: 'Podrían haber descargado más tarde, por ejemplo. Aunque queríamos negociar, sólo hemos recibido chulería por parte del supermercado'. Esteban y Carmen cuentan que incluso tuvieron que sufrir los insultos de algunos trabajadores cuando les pedían silencio.

A pesar de que la sentencia obliga al cese de esta actividad, los vecinos de esta familia, que lleva todo el mes de vacaciones en un lugar 'donde sólo se oye a los pájaros piar', les dijeron el jueves que los camiones siguen descargando, por lo que Ayala pedirá el precinto del local. Este periódico intentó lograr la versión de la encargada en funciones del supermercado, que declinó hacer declaraciones apelando a instancias superiores.

De momento, las señales que prohíben aparcar de ocho a diez de la mañana por actividad de carga y descarga en la calle de Alfonso Dávalo continúan en pie.