Las ventas de motos acuáticas se hunden debido a la nueva ley

Las ventas de motos acuáticas han caído el 56% en lo que va de año. Además, los 40 establecimientos legales de alquiler que había el verano pasado en las playas catalanas se han reducido a 18. La causa: la inversión que han tenido que hacer las empresas para adaptarse a las exigencias de la nueva normativa del Gobierno sobre el uso de estos vehículos, que el año pasado causaron la muerte de cinco jóvenes en el litoral español.

La normativa entró en vigor en el pasado mes de abril con el objetivo de atajar los accidentes y fue muy bien recibida por los responsables de seguridad de las pl...

Las ventas de motos acuáticas han caído el 56% en lo que va de año. Además, los 40 establecimientos legales de alquiler que había el verano pasado en las playas catalanas se han reducido a 18. La causa: la inversión que han tenido que hacer las empresas para adaptarse a las exigencias de la nueva normativa del Gobierno sobre el uso de estos vehículos, que el año pasado causaron la muerte de cinco jóvenes en el litoral español.

La normativa entró en vigor en el pasado mes de abril con el objetivo de atajar los accidentes y fue muy bien recibida por los responsables de seguridad de las playas, pero no tanto por el sector de las motos de agua, que ha visto descender su actividad a más de la mitad, de acuerdo con los datos de la Comisión Nacional de Empresas del Sector de las Motos Acuáticas (Conesma). El año pasado, entre enero y julio se vendieron en España 2.185 vehículos, y este año la cifra se ha reducido a 961. En total, las capitanías marítimas tienen censadas más de 15.000 motos, unas 3.000 de las cuales están matriculadas en Cataluña.

La nueva ley endurece el uso de estos vehículos, que pueden alcanzar los 100 kilómetros por hora, tanto para los propietarios como para las empresas que las alquilan en verano. De entrada, sólo pueden conducirlas los mayores de edad o jóvenes a partir de los 16 años previa autorización paterna, y queda prohibida la navegación en las zonas de baño balizadas o a menos de 200 metros de la costa cuando ésta no tenga señalización. A los propietarios se les exige una nueva titulación específica en función de la potencia de la moto o bien algún título de náutica, además de llevar a bordo todos los papeles en regla (licencia de navegación, seguro y el título que corresponda).

Para alquilarlas, no es necesario tener ningún título, pero las empresas deben contar con el permiso de tres administraciones (local, demarcación de costas y Capitanía Marítima) y están obligadas a cumplir una serie de requisitos: contar con circuitos balizados entre el establecimiento y la plataforma de partida o las zonas de navegación, tener al menos dos monitores titulados e impartir clases teóricas antes de navegar.

'Esta temporada ha sido como comenzar de nuevo, o peor'. Jaume Martí, propietario de una empresa de alquiler de motos náuticas de Vilanova i la Geltrú se muestra dolido con las consecuencias de la nueva normativa. Admite que a la larga será positiva para ganar en seguridad, pero considera que se aprobó sin escuchar a todos los agentes implicados en el sector y demasiado tarde para que las empresas hayan tenido tiempo para adaptarse a los nuevos requerimientos antes de comenzar la temporada de verano. Martí apunta también que los cinco accidentes del verano pasado se produjeron con motos de firmas que no tenían los permisos en regla.

Sobre el descenso de las empresas catalanas que alquilan motos náuticas, Martí argumenta que han tenido que hacer una inversión 'desproporcionada'. Como ejemplo, explica que como la normativa exige que las motos de alquiler tengan 55 caballos y todas las del mercado superan esta potencia, ha sido necesario crear, homologar y comprar kits de reducción de potencia.

Este empresario se queja también de que los trámites para conseguir los permisos actuales 'son demasiado lentos', que faltan monitores titulados para cubrir las exigencias, y que el 'elevado canon' que exigen esta temporada demarcaciones como la de Tarragona han impedido operar a muchos empresas. Sin embargo, algunos puestos de alquiler que este año no han abierto, tanto en Cataluña como en el resto del litoral español, no contaban con ningún permiso en anteriores temporadas, fenómeno que la ley del pasado mes de abril ha conseguido atajar.

Para controlar el cumplimiento de la normativa, la Guardia Civil ha puesto en marcha este verano un plan especial de control tanto de las motos náuticas como de las embarcaciones de recreo. En el primer caso, entre las 226 motos inspeccionadas en el litoral catalán se han advertido 150 infracciones (1.619 en toda España), en su mayoría por incumplir la disciplina de navegación, por no tener la documentación del vehículo en regla o bien por no disponer de ningún tipo de titulación.

Adquirir una moto de agua y salir al mar sin tener el título es, presumiblemente, una situación bastante habitual. Desde la entrada en vigor de la nueva ley, la Generalitat sólo ha otorgado los nuevos títulos específicos para motos de agua que exige la normativa a 400 personas, cuando el número de estos vehículos que transitan por el litoral catalán ronda los 3.000. Aunque los propietarios de motos náuticas pueden navegar con títulos como el de capitán, patrón de yate, de embarcación de recreo o de navegación básica, cuesta creer que el resto, 2.600 personas, tenga alguno de estos permisos.