El Gobierno endurecerá los controles sanitarios animales
El Gobierno ha remitido al Parlamento el proyecto de Ley de Sanidad Animal, que ha sido discutido el último año con las organizaciones del sector y las comunidades autónomas. La nueva ley, que se espera tenga un rápido debate parlamentario, contempla medidas que supondrán un mayor control de la sanidad animal, así como una mayor coordinación entre la Administración central y los gobiernos regionales.
Aunque la redacción de este proyecto de ley ha contado con algunas reticencias entre varias comunidades autónomas, las organizaciones ganaderas han apoyado que exista una sola voz a la hora...
El Gobierno ha remitido al Parlamento el proyecto de Ley de Sanidad Animal, que ha sido discutido el último año con las organizaciones del sector y las comunidades autónomas. La nueva ley, que se espera tenga un rápido debate parlamentario, contempla medidas que supondrán un mayor control de la sanidad animal, así como una mayor coordinación entre la Administración central y los gobiernos regionales.
Aunque la redacción de este proyecto de ley ha contado con algunas reticencias entre varias comunidades autónomas, las organizaciones ganaderas han apoyado que exista una sola voz a la hora de prevenir o erradicar enfermedades. El nuevo proyecto de ley vendría a sustituir la actual Ley de Epizootías, de 1952, y se justifica ante la necesidad de adecuar la actual legislación a los cambios sociopolíticos y tecnológicos de los últimos años.
Entre las novedades más importantes se establece la necesidad de una comunicación permanente entre las autonomías sobre todos los movimientos de animales con la creación de un registro de carácter nacional que disponga de todos los datos. Con este sistema se pretende detectar cualquier enfermedad y la localización de los animales.
Para reforzar el control sanitario, se contempla la constitución del Comité Nacional del Sistema de Alerta Sanitaria Veterinaria, como órgano de coordinación entre Agricultura y las autonomías, que será el responsable de diseñar los planes para la erradicación de cualquier enfermedad. La nueva disposición contempla multas de entre 600 y 1.200.000 euros.