Rabat esgrime un decreto español que ya está derogado
Si Marruecos pretende dirimir el contecioso de Perejil en el Tribunal Internacional de la Haya deberá contratar a un buen equipo de abogados y, entre ellos, a algún experto en derecho español. Hasta ahora, por lo menos, no ha demostrado tenerlo.
El pasado 15 de julio, en su respuesta oficial a la nota de protesta española por la ocupación del islote, el Gobierno de Rabat apuntaló sus argumentos con una serie de tratados y normas tanto internacionales como internas. Entre estas últimas, citaba 'el decreto español 267/1976 de 5 de marzo relativo a la delimitación de los espacios marítim...
Si Marruecos pretende dirimir el contecioso de Perejil en el Tribunal Internacional de la Haya deberá contratar a un buen equipo de abogados y, entre ellos, a algún experto en derecho español. Hasta ahora, por lo menos, no ha demostrado tenerlo.
El pasado 15 de julio, en su respuesta oficial a la nota de protesta española por la ocupación del islote, el Gobierno de Rabat apuntaló sus argumentos con una serie de tratados y normas tanto internacionales como internas. Entre estas últimas, citaba 'el decreto español 267/1976 de 5 de marzo relativo a la delimitación de los espacios marítimos españoles en el Mediterráneo'.
La numeración que dio Marruecos es errónea. Se trata, en realidad, del decreto 627/1976 de aguas jurisdiccional y líneas de base rectas para su delimitación'.
El problema es que este decreto fue derogado por otro: el 2510/1977 de 5 de agosto. Es cierto, como sostiene Rabat, que ni en uno ni en otro se menciona a la isla de Perejil como territorio español.
Pero tampoco se menciona a Ceuta o Melilla y Marruecos no discute en este momento desde el punto de vista jurídico, aunque sí desde el político, que se trate de territorios bajo jurisdicción española.
La delimitación de las aguas territoriales de las plazas norteafricanas es un asunto muy espinoso que España eludió en dichos decretos.
La provincia de Marina
Más significativo resulta el decreto 3209/1973 de 14 de diciembre del Ministerio de Marina que, en pleno franquismo, determinó las demarcaciones territoriales de las provincias y distritos marítimos.
Este decreto sí mencionaba las plazas norteafricanas. En concreto, incluía dentro de la Zona Marítima del Estrecho 'las plazas de Ceuta y Melilla, islas Chafarinas y de Alborán y peñones de Alhucemas y Vélez de la Gomera'.
Al descender al nivel inferior, el de provincias y distritos marítimos, el decreto atribuía a las dos plazas norteafricanas la condición de provincias de primera clase, según su particular clasificación.
La provincia de Melilla, agregaba, estaría formada por 'el litoral de los territorios correspondientes a Melilla, islas Chafarinas, peñones de Vélez de la Gomera y Alhucemas'.
La provincia de Ceuta, por su parte, estaría formada por 'el litoral de los territorios correspondientes a Ceuta', sin más precisiones.
Bajo la dictadura de Franco, esta ambigüedad podía responder a tres razones: se consideraba obvio que el islote pertenecía a Ceuta; se daba por hecho su carácter marroquí: o, sencillamente, parecía por completo irrelevante.