Editorial:

Pacto en entredicho

El presidente Chirac consiguió en el Consejo de Sevilla eludir los reproches acerca de su abierto cuestionamiento del pacto europeo de estabilidad y crecimiento. La referencia de 2004 para alcanzar el equilibrio presupuestario, que había sido reafirmada por el propio Chirac en la cumbre de marzo en Barcelona, queda ahora condicionada a que su economía registre un crecimiento superior al 3% en 2003 y 2004. Así, Francia se suma a Italia y Alemania en la prioridad otorgada al crecimiento sobre el cumplimiento a fecha fija del objetivo de déficit cero.

Lo que de forma un tanto eufemística h...

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El presidente Chirac consiguió en el Consejo de Sevilla eludir los reproches acerca de su abierto cuestionamiento del pacto europeo de estabilidad y crecimiento. La referencia de 2004 para alcanzar el equilibrio presupuestario, que había sido reafirmada por el propio Chirac en la cumbre de marzo en Barcelona, queda ahora condicionada a que su economía registre un crecimiento superior al 3% en 2003 y 2004. Así, Francia se suma a Italia y Alemania en la prioridad otorgada al crecimiento sobre el cumplimiento a fecha fija del objetivo de déficit cero.

Lo que de forma un tanto eufemística ha dado en denominarse 'reinterpretación del pacto' se explica por la relación entre la desaceleración de las principales economías de la eurozona y la prioridad otorgada a las bajadas de impuestos en los programas electorales. Aunque ello implica un agravio para los países que han cumplido el compromiso, la relajación del mismo no debería asumirse como efecto de circunstancias particulares -convocatorias electorales-, sino como la base de una revisión de la virtualidad del propio pacto en sus estrictos términos actuales.

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La necesidad de unos criterios compartidos de estabilidad presupuestaria está asumida por los países que comparten la moneda europea. Pero ello no significa renunciar a la capacidad de adaptación a las variaciones del ciclo económico o sacrificar las propias necesidades de capitalización de las distintas economías y su capacidad competitiva. La propia Comisión, lejos de aferrarse a objetivos inflexibles, debería arbitrar mecanismos de supervisión de esos necesarios códigos de buena conducta fiscal, basados en indicadores más amplios y particularizados a las circunstancias de cada economía -la deuda dice hoy mucho más que el déficit fiscal-, así como en la revisión del grado de aplicación de reformas estructurales.

El temor a la reacción adversa de los mercados financieros ante eventuales subidas de los tipos de interés de la deuda pública se está demostrando escasamente fundado, así como la estrecha relación entre déficit público e inflación. A la postre se asume que en Francia y Alemania, como en la amplia mayoría de la Unión, se ha asimilado la necesidad de una sana administración de las finanzas públicas. El debate ya estaba abierto antes del desmarque de algunos países centrales de la eurozona. Convendría que las autoridades comunitarias contribuyeran a esclarecerlo.

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