Editorial:

EE UU, contra la Corte

Estados Unidos está en guerra contra la Corte Penal Internacional (CPI), cuyo estatuto, firmado por 139 Estados y ratificado por 69 de ellos, incluidos todos los de la UE, entra en vigor el 1º de julio y juzgará crímenes individuales de genocidio, de lesa humanidad, de guerra y de agresión. Bush pretende no sólo amordazar la Corte, sino que, con la excusa de que sus soldados se pueden ver sometidos a un 'acoso político', exige al Consejo de Seguridad que declare la inmunidad de todos los participantes en operaciones de paz legitimadas por la ONU. De lo contrario, Washington no participará en e...

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Estados Unidos está en guerra contra la Corte Penal Internacional (CPI), cuyo estatuto, firmado por 139 Estados y ratificado por 69 de ellos, incluidos todos los de la UE, entra en vigor el 1º de julio y juzgará crímenes individuales de genocidio, de lesa humanidad, de guerra y de agresión. Bush pretende no sólo amordazar la Corte, sino que, con la excusa de que sus soldados se pueden ver sometidos a un 'acoso político', exige al Consejo de Seguridad que declare la inmunidad de todos los participantes en operaciones de paz legitimadas por la ONU. De lo contrario, Washington no participará en ellas, Bosnia incluida. Es de esperar que el Consejo, pese a sus divisiones, frene en seco la pretensión estadounidense.

La Administración de Bush ya retiró su firma del estatuto del primer tribunal permanente de este género que Clinton suscribiera in extremis. Pese a la promesa de que no haría nada en contra de la Corte Penal, Estados Unidos está a punto de dotarse de una ley que, con el equívoco título de 'Protección de los Miembros Americanos [estadounidenses] del Servicio', otorgará al presidente unos poderes discrecionales sin parangón desde la infame resolución del golfo de Tonkín -en 1964, guerra de Vietnam- para utilizar 'todos los medios necesarios y adecuados para lograr la liberación de cualquier persona detenida [...] incluso contra los territorios de Estados miembros de la Unión Europea', lo que en teoría podría llevarle hasta a invadir La Haya, sede de la futura Corte. La UE ha puesto el grito en el cielo.

Washington quiere, además, dar rápidamente carpetazo a los tribunales penales ad hoc para juzgar los crímenes en Ruanda y en la antigua Yugoslavia, y se resiste a autorizar a Richard Holbrooke, la figura central de EE UU durante las guerras y negociaciones de los Balcanes, para que testifique en sesión pública en La Haya, donde se enjuicia, entre otros, a Slobodan Milosevic. Si el Congreso da finalmente su visto bueno a la Ley de Protección, EEUU dará un paso claro hacia un imperialismo libre de ataduras jurídicas internacionales. Eso sí, insistiendo mientras tanto en que perseguirá sin cuartel a villanos como Sadam Husein u Osama Bin Laden.

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