ATTAC censura el traslado judicial
La decisión de los jueces de Sevilla de trasladar las guardias a unas dependencias policiales de la avenida Blas Infante, entre el 20 y el 24, sigue provocando críticas.
La Asociación por una Tasa a las Transacciones Financieras Especulativas para Ayuda a los Ciudadanos (ATTAC) se sumó ayer a las voces que han rechazado la decisión judicial, al considerar que 'deja de lado la doble labor de la justicia', según el vicepresidente de ATTAC-Sevilla, Miguel Ángel Jiménez. Después de una reunion en la oficina del Defensor del Pueblo andaluz, Jiménez lamentó las 'presiones' que pueda haber rec...
La decisión de los jueces de Sevilla de trasladar las guardias a unas dependencias policiales de la avenida Blas Infante, entre el 20 y el 24, sigue provocando críticas.
La Asociación por una Tasa a las Transacciones Financieras Especulativas para Ayuda a los Ciudadanos (ATTAC) se sumó ayer a las voces que han rechazado la decisión judicial, al considerar que 'deja de lado la doble labor de la justicia', según el vicepresidente de ATTAC-Sevilla, Miguel Ángel Jiménez. Después de una reunion en la oficina del Defensor del Pueblo andaluz, Jiménez lamentó las 'presiones' que pueda haber recibido el poder judicial para tomar tal decisión que, a su juicio, 'va en detrimento de los ciudadanos'.
La delegación de ATTAC que acudió a la sede del Defensor del Pueblo andaluz criticó otras medidas de seguridad adoptadas para la cumbre como el vallado que circunda las dos zonas de seguridad, en el Palacio de Congresos y en los alrededores del hotel Alfonso XIII. 'Es desproporcionado, no vemos por ningún lado esa amenaza a los mandatarios', indicó Jiménez.
ATTAC, que confía en que la Delegación del Gobierno en Andalucía esté dispuesta a consensuar un nuevo itinerario para la manifestación antiglobalización del sábado 22, considera que todo el despliegue de seguridad contrasta con la actitud del Foro Social de Sevilla, en el que está integrado la organización, de no plantear en ningún momento una cumbre de bloqueo.
Izquierda Unida, por su parte, ha solicitado la comparecencia en el Congreso de los Diputados del presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Francisco José Hernando, y del ministro de Justicia, Ángel Acebes, para que garanticen que no se va a producir el traslado de los jueces a la sede policial.