Una auténtica vergüenza

El delegado del Gobierno en Andalucía no se ha caracterizado hasta el momento por su sensibilidad hacia el ejercicio de los derechos fundamentales por parte de los ciudadanos, sino más bien por todo lo contrario. Han sido varias las ocasiones, como aquella tristemente célebre en la que, tras el asesinato de una chica en Málaga que había salido por la noche con unos amigos a divertirse, dejó deslizar la opinión de que si los jóvenes actuaran de otra manera y no prolongaran hasta tan altas horas de la madrugada su permanencia en la calle, tal vez no se producirían sucesos luctuosos como aquél. N...

El delegado del Gobierno en Andalucía no se ha caracterizado hasta el momento por su sensibilidad hacia el ejercicio de los derechos fundamentales por parte de los ciudadanos, sino más bien por todo lo contrario. Han sido varias las ocasiones, como aquella tristemente célebre en la que, tras el asesinato de una chica en Málaga que había salido por la noche con unos amigos a divertirse, dejó deslizar la opinión de que si los jóvenes actuaran de otra manera y no prolongaran hasta tan altas horas de la madrugada su permanencia en la calle, tal vez no se producirían sucesos luctuosos como aquél. No parece que haya entendido nunca muy bien cuál es el difícil equilibrio que tiene que existir en una sociedad democrática entre la libertad y la seguridad. Su tendencia a sacrificar la primera es sobradamente conocida.

La separación espacial entre la intervención del poder ejecutivo y del poder judicial es un elemento de contenido esencial de la libertad personal de los ciudadanos

No puede extrañar, en consecuencia, que el el señor Torres Hurtado esté preparando la cumbre europea que se va a celebrar en Sevilla esta semana de la forma en que la está preparando. Parecería que su opinión fuera que habría que dejar en suspenso el ejercicio de determindaos derechos durante esta semana, como única manera de garantizar el desarrollo de la cumbre.

Lo que sí resulta extraño, y mucho, es que los jueces hayan aceptado comportarse como una prolongación de la Delegación del Gobierno y no como los titulares de un poder independiente, que, como ha dicho en repetidas ocasiones el Tribunal Constitucional, son los 'guardianes naturales' de los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Todavía no se conocen los fundamentos jurídicos de la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo de Sevilla del TSJ, que desestimó el recurso interpuesto por el Foro Social contra la decisión del delegado del Gobierno sobre el itinerario de la manifestación y, en consecuencia, no es posible pronunciarse sobre la misma. Mañana los conoceremos y podremos opinar. Pero, tras la decisión de la Junta de Jueces de Sevilla de aceptar el traslado de los juzgados a dependencias policiales ente los días 20 y 24 de junio, es decir, desde el día de la convocatoria de la huelga general hasta dos días después de finalizada la cumbre europea, cabía esperar que la sentencia sería la que ha sido.

De unos jueces que niegan su propia condición de titulares de un poder independiente del Estado y aceptan convertirse en una prolongación del poder ejecutivo, se puede esperar cualquier cosa. La decisión de la Junta de Jueces es una auténtica vergüenza. No acabo de entender cómo se ha podido siquiera tomar en consideración la propuesta que venía de la Delegación del Gobierno. La propuesta tenía que haber sido considerada completamente impertinente y tenía que haber sido rechazada de plano, sin entrar siquiera debatirla.

No puede haber circunstancia alguna que pueda justificar el traslado de los juzgados a las dependencias policiales. El argumento que figura en el Acta de la Junta de Jueces de 6 de junio de 2002 de la 'existencia de circunstancias excepcionales', para justificar el traslado, debería de haberles conducido a la decisión opuesta. Cuantas más circunstancias excepcionales concurran, tanto mayor tiene que ser la preocupación del poder judicial por afirmar su independencia. Este es un principio básico de la lesgislación de excepción, de protección excepcional o extraordinaria del Estado en toda democracia digna de tal nombre. La posición del poder judicial no puede verse afectada por muy grave que sea la crisis que afecte a la sociedad. Ni siquiera en aquellos casos en que la naturaleza de la emergencia pueda obligar al Congreso de los Diputados a declarar el estado de excepción o el estado de sitio. Puede verse afectada la posición de los poderes legislativo y ejecutivo, pero nunca la del poder judicial. La lógica de que así sea, salta a la vista. La garantía de la independencia del poder judicial, que incluye como componente esencial la apariencia de independencia, es necesaria siempre, pero mucho más en circunstancias excepcionales. Precisamente porque cuando se dan circunstancias excepcionales, se acentúa de manera notable la presencia del poder ejecutivo y de los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y es posible que aumenten los riesgos para el ejercicio de los derechos fundamentales por parte de los ciudadanos, es por lo que resulta completamente ineludible que los miembros del poder judicial sean especialmente escrupulosos en preservar su independencia y en afirmarse como lo que deben ser, como los guardianes de los derechos fundamentales de los ciudadanos y no como los colaboradores del poder ejecutivo.

La función que tienen constitucionalmente encomendada los jueces es la de garantizar que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos y no la de facilitar el trabajo a la Delegación del Gobierno. Si la protección de los derechos exige incomodar al Gobierno, es su obligación hacerlo. Los jueces no pueden tener otro compromiso que la garantía del ejercicio de los derechos y especialmente el derecho a la libertad personal. La separación espacial entre la intervención del poder ejecutivo y del poder judicial en el ejercicio de la libertad personal de los ciudadanos es un elemento constitutivo del contenido esencial de dicha libertad. El poder judicial no puede no ya ser sino ni siquiera parecer una prolongación del poder ejecutivo. La justicia no sólo tiene que hacerse, sino también parecer que se hace. Es inconcebible que los jueces de Sevilla lo hayan olvidado.