El presidente de la Confederación del Segura, imputado por un delito contra el medio ambiente

Los máximos responsables de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) han sido imputados en el proceso del juzgado de Instrucción número 6 de Orihuela por la contaminación del río. La juez Francesca Martínez ha imputado al actual presidente del organismo, Juan Cánovas, y a sus dos antecesores, Antonio Nieto y Juan José Cánovas Parrilla, por un presunto 'delito continuado contra el medio ambiente'. Las imputaciones se extienden a los comisarios de aguas durante estos periodos: el actual, José Alemán, y sus predecesores, Luis Pérez y Francisco Cabezas.

Todos ellos eludieron su labor ...

Los máximos responsables de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) han sido imputados en el proceso del juzgado de Instrucción número 6 de Orihuela por la contaminación del río. La juez Francesca Martínez ha imputado al actual presidente del organismo, Juan Cánovas, y a sus dos antecesores, Antonio Nieto y Juan José Cánovas Parrilla, por un presunto 'delito continuado contra el medio ambiente'. Las imputaciones se extienden a los comisarios de aguas durante estos periodos: el actual, José Alemán, y sus predecesores, Luis Pérez y Francisco Cabezas.

Todos ellos eludieron su labor de 'control de vertidos y calidad de aguas', indica el auto dictado por la juez. El actual presidente de la CHS, Juan Cánovas Cuenca, y sus dos antecesores en el cargo, Antonio Nieto Llobet y Juan José Cánovas Parrilla, deberán comparecer a lo largo del mes de junio en el juzgado de Instrucción número 6 de Orihuela para declarar como imputados por 'un delito continuado contra el medio ambiente'.

La magistrada que instruye las diligencias previas encuentra suficientes indicios como para concluir que 'la CHS ha omitido sus deberes legales en orden a salvaguardar la calidad de las aguas del río Segura, aguas que riegan los cultivos y que, conforme a los muchos informes periciales obrantes en la causa, son perjudiciales para el medio ambiente, las plantas y la salud de las personas'. Este cúmulo de circunstancias conducen a Francesca Martínez a afirmar que la CHS 'ha omitido todo control y vigilancia sobre los vertidos incontrolados' y que esta actuación puede constituir 'un delito continuado contra el medio ambiente previsto y penado en el artículo 325 del Código Penal'.

La posible responsabilidad de la confederación también se extiende a los tres últimos comisarios de aguas, quienes supuestamente infringieron su obligación de efectuar un control de vertidos y calidad de aguas. La juez aporta en su auto una documentación extensa sobre los numerosos expedientes de autorización provisional de vertidos que desde el año 1987 ha cursado la Confederación Hidrográfica: 25 permisos a ayuntamientos y mancomunidades de la Vega Baja, tres autorizaciones provisionales a empresas (Calzados y Plásticos Españoles, V. B. Autobaterías, SA, y Congesa) y dos expedientes sancionadores. Una permisividad que la magistrada considera impropia de este organismo, cuya función prioritaria debe ser 'la prevención del deterioro del estado ecológico y evitar la contaminación de las aguas'.

La juez subraya que los sucesivos presidentes de la CHS han vulnerado las tareas que debía desempeñar esta institución, como 'establecer programas de control de calidad en cada cuenca hidrográfica, impedir la acumulación de compuestos tóxicos o peligrosos en el subsuelo capaces de contaminar las aguas subterráneas, evitar cualquier otra acumulación que pueda ser causa de degradación y recuperar los sistemas acuáticos'.

Esta concatenación de dejaciones lleva a la magistrada a aseverar que 'se infiere la responsabilidad de la CHS (en la contaminación del río), bien por omisión de sus deberes o bien por autoría directa, derivada de ciertas resoluciones adoptadas por cargos concretos de la misma'. Con la imputación de altos dirigentes de la CHS la juez ensancha el círculo de responsabilidades y lo aproxima a la Administración. Ésta es la interpretación que dio ayer la Comisión Pro-Río de Orihuela, personada como acusación particular, cuyo portavoz, José Antonio Muñoz Grau, destacó 'el carácter apolítico de ese proceso, pues afecta por igual al gobierno del PP y del PSOE'. Pro-Río destacó la vinculación de la Administración en 'la situación de envenenamiento que sufre el Segura' y recordó los 'flagrantes incumplimientos en que ha incurrido Zaplana para regenerar la cuenca'.

La juez tomará mañana declaración a los responsables de cinco empresas de la Vega Baja acusados de realizar vertidos tóxicos al cauce público, según los resultados de un informe ecotoxicológico encargado por el juzgado y en cuyas conclusiones se advertía de que podían 'suponer un grave riesgo para el equilibrio de los sistemas naturales'.