Rechazada una propuesta del PSC e ICV para evitar casos como el de L'Aliança
Los grupos de CiU y el PP en el Parlament rechazaron ayer una propuesta del PSC e ICV para modificar la normativa que regula los conciertos del Servicio Catalán de la Salud (SCS) con centros privados. El objetivo de la propuesta era impedir que éstos puedan 'desviar gastos' a la Generalitat por servicios prestados en el ámbito privado, como ha ocurrido con la mutua L'Aliança.
En la comisión de política social del Parlament, la diputada del PSC Carme Figueras y la de ICV Dolors Comas defendieron ayer su propuesta argumentando que la actual normativa 'no es clara ni explícita' y 'no garan...
Los grupos de CiU y el PP en el Parlament rechazaron ayer una propuesta del PSC e ICV para modificar la normativa que regula los conciertos del Servicio Catalán de la Salud (SCS) con centros privados. El objetivo de la propuesta era impedir que éstos puedan 'desviar gastos' a la Generalitat por servicios prestados en el ámbito privado, como ha ocurrido con la mutua L'Aliança.
En la comisión de política social del Parlament, la diputada del PSC Carme Figueras y la de ICV Dolors Comas defendieron ayer su propuesta argumentando que la actual normativa 'no es clara ni explícita' y 'no garantiza el control' necesario para evitar casos como el de la citada mutua, que facturó al SCS como mínimo 7,2 millones de euros (casi 1.200 millones de pesetas) anuales de más por servicios de atención médica que prestaba en el ámbito privado a sus mutualistas.
La propuesta, que fue apoyada por ERC, pedía 'adecuar' la regulación de los conciertos sanitarios y establecer 'medidas de inspección y control' para que 'la existencia de una doble cobertura (pública y privada) no suponga una desviación de costes sanitarios hacia la sanidad pública de prestaciones decididas en el ámbito privado'. También se pedía que en el caso de mutualidades que a la vez prestan servicios sanitarios, se formalice el concierto sólo con la entidad que gestiona la actividad asistencial.
CiU y el PP rechazaron la propuesta argumentando que la actual normativa ya cuenta con mecanismos para evitar fraudes y aprobaron una enmienda que se limitaba a instar a la Generalitat a 'potenciar los actuales sistemas de evaluación y control'. El 20% de los catalanes dispone de una póliza de seguro de prestaciones sanitarias.