El fiscal ve indicios de delito contra Hacienda y estafa en la venta de Olé

El fiscal considera que existen indicios de que los promotores del buscador de Internet Olé, embrión de la actual Terra Networks, y el ex consejero de Telefónica Martín Velasco cometieron delito fiscal al trasladar a sociedades de Luxemburgo, Suiza y Bélgica los beneficios de la venta de este portal a Telefónica en 1999. En un informe presentado el 22 de marzo ante el Juzgado número 8 de Barcelona, que instruye el caso, el fiscal pide también la imputación por posible estafa o apropiación indebida de Josep Antoni Plana Castellví, el hombre que Convergència i Unió (CiU) situó al frente d...

El fiscal considera que existen indicios de que los promotores del buscador de Internet Olé, embrión de la actual Terra Networks, y el ex consejero de Telefónica Martín Velasco cometieron delito fiscal al trasladar a sociedades de Luxemburgo, Suiza y Bélgica los beneficios de la venta de este portal a Telefónica en 1999. En un informe presentado el 22 de marzo ante el Juzgado número 8 de Barcelona, que instruye el caso, el fiscal pide también la imputación por posible estafa o apropiación indebida de Josep Antoni Plana Castellví, el hombre que Convergència i Unió (CiU) situó al frente de la fundación que creó Olé.

En 1996, Plana cedió este buscador creado con fondos de la Generalitat de Cataluña a un trabajador de la fundación -Josep Vallès-, y lo hizo sin el preceptivo permiso del patronato. Vallès pagó 1.202 euros (200.000 pesetas) por Olé y, tres años después, vendió el buscador a Telefónica por 18 millones de euros (3.000 millones de pesetas), más opciones sobre acciones de Terra, que al cierre del pasado viernes valdrían 39 millones de euros (6.500 millones de pesetas). En la operación, Martín Velasco se situó a ambos lados de la mesa: era consejero de Telefónica y, al mismo tiempo, fundador de Infosearch Holdings, la sociedad creada en 1998 en Luxemburgo para gestionar los derechos sobre el buscador Olé.

Los sucesivos cambios de titularidad en el juzgado de Barcelona que instruye el caso habían paralizado durante más de un año el proceso, que ahora se reactiva con el informe presentado por el fiscal. La izquierda catalana hace meses que reclama en vano la creación de una comisión de investigación, pero CiU y el PP mantienen bloqueada la demanda.

'Sospecha razonable'

El fiscal considera que existen suficientes indicios que permiten 'mantener cuanto menos la sospecha razonable' de que las sociedades creadas en Luxemburgo (Infosearch Holdings), Bélgica (Odissea Holdings) y Suiza (Fundación Infantia) por los imputados 'no son sino maniobras meramente formales y exclusivamente dirigidas a evitar la tributación a la Hacienda pública española por un incremento de patrimonio que en realidad se habría producido aquí con la venta de Olé'. El escrito recuerda que Martín Velasco aún no ha sido citado a declarar y apunta la posibilidad de que éste utilizara Infantia 'como instrumento para la evasión de impuestos'.

El fiscal pide que se amplíe el número de imputados y reclama esta condición para Josep Antoni Plana Castellví, militante de Unió Democràtica (UDC), que actualmente figura como testigo en la causa. La presión de la oposición y el PP por las supuestas irregularidades cometidas por éste forzó en el año 2000 su dimisión como director de la Fundació Catalana per a la Recerca (FCR), la entidad que creó Olé.

La FCR se nutre fundamentalmente de fondos públicos y entre 1991 y 1996 obtuvo 33 millones de euros (5.500 millones de pesetas) del Gobierno catalán para sus proyectos. Además, cuatro departamentos de la Generalitat forman parte del patronato de la entidad, que cuando se desprendió de Olé por 1.202 euros estaba presidida por Macià Alavedra, entonces consejero del Gobierno catalán.

El fiscal considera que hay 'motivos bastantes para fundamentar la afirmación de la posible comisión de delitos de estafa o apropiación indebida' de Plana Castellví en la venta inicial de Olé a Josep Vallès y otros dos trabajadores de la FCR -Josep Gaspà y Jordi Duran-, que considera una 'transmisión irregular' al no tener la autorización preceptiva del patronato. El escrito sostiene que los 'muy cuantiosos fondos' que la Generalitat aporta a la FCR 'determinan un interés general en cuanto al destino de esas inversiones'.