El Poder Judicial vuelve a dividirse por la Ley de Partidos que quiere el PP
Los vocales conservadores piden retoques técnicos y los progresistas reformas de fondo
El debate sobre la futura Ley de Partidos Políticos ha provocado una nueva división en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La Comisión de Estudios e Informes de este organismo analizará hoy dos dictámenes que discrepan en aspectos básicos de la ley preparados por el penalista Adolfo Prego, propuesto por el PP, y el constitucionalista Luis Aguiar, apoyado por el PSOE. El pleno del 15 de abril aprobará un informe que no es vinculante. Si no se logra un texto de consenso, el sector mayoritario, propuesto por el PP, defenderá retoques técnicos, mientras que la minoría pedirá reformas de ...
El debate sobre la futura Ley de Partidos Políticos ha provocado una nueva división en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La Comisión de Estudios e Informes de este organismo analizará hoy dos dictámenes que discrepan en aspectos básicos de la ley preparados por el penalista Adolfo Prego, propuesto por el PP, y el constitucionalista Luis Aguiar, apoyado por el PSOE. El pleno del 15 de abril aprobará un informe que no es vinculante. Si no se logra un texto de consenso, el sector mayoritario, propuesto por el PP, defenderá retoques técnicos, mientras que la minoría pedirá reformas de fondo.
Los intentos del ponente Aguiar, catedrático de Derecho Constitucional, por pactar el informe 'en una conversación larga y tendida' con el otro ponente, Adolfo Prego, que fue magistrado de la Sala Penal del Supremo, no dieron resultado. Prego y Aguiar preparaban ayer sus argumentos para defenderlos hoy ante la Comisión de Estudios e Informes, que integran, junto a ellos, los vocales José Luis Requero y Faustino Gutiérrez-Álviz -propuestos por el PP- y Montserrat Comas, avalada por el PSOE.
Aguiar cuestiona en su informe que la ley pueda conceder a 50 diputados, 50 senadores o el Gobierno de turno la potestad para promover ante el Tribunal Supremo la ilegalización de un partido político y quiere que ese privilegio quede en manos de la fiscalía. Prego bendice el plan del PP para que los parlamentarios y el Ejecutivo puedan promover la disolución de un partido. Esta radical discrepancia repite los motivos que impiden el acuerdo entre el PP y el PSOE.
Una prueba más del desencuentro entre ambos ponentes la ofreció Prego, quien en conversación con este periódico afirmó ayer que Aguiar iba a proponer que fuera el Tribunal Constitucional, y no el Supremo como propone la ley del Gobierno, el que resolviera la disolución de un partido. Aguiar anunció ayer a EL PAÍS que propondría que la decisión sobre la disolución de partidos se atribuya a la Sala Primera de lo Civil del Tribunal Supremo, aunque consideraba que no es inconstitucional que se traslade a la Sala Especial.
'La cúpula de la cúpula'
La atribución de la disolución de partidos a la Sala Especial del Supremo prevista en el artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial -formada por el presidente del Supremo, los presidentes de cada una de las cinco salas y el magistrado más antiguo y más moderno de cada una de ellas- es considerada como 'un disparate' por un constitucionalista como Francisco Rubio Llorente. Prego replica que 'es una opción buena, porque se trata de la cúpula de la cúpula judicial, además de ser una sala ya preexistente a la que se encomienda decidir un asunto que está a caballo entre lo civil, lo penal y lo contencioso-administrativo', e insiste en esta idea: 'Es mejor una sala que agrupa a todas las salas, y teniendo en cuenta todas las soluciones posibles para un cometido tan extraordinario, ésta es la más rica y variada'.
El vocal conservador negó que su propuesta de informe diga 'amén' al anteproyecto gubernamental, ya que, por el contrario, contiene 'discrepancias técnicas'.
Por su parte, Aguiar se opone a que se restrinja el derecho a formar partidos a quienes han sido condenados y tienen la condena cumplida; objeta la indeterminación del artículo 8, cuando prevé que será declarado ilegal el partido que no respete 'los principios democráticos y los valores constitucionales' o que 'persiga deteriorar o destruir el régimen de libertades o imposibilitar o eliminar el sistema democrático'.